BUSCAN TRIBUNAL SOBRE ECOLOGÍA
10.27.08 - Leído 24 veces. Enviar esta notaPresenta diputada una iniciativa que crea un órgano judicial similar al TEPJF
MÉXICO, D.F; 27 octubre 2008.- Por considerar deficiente e insuficiente la aplicación de las normas jurídicas en materia de medio ambiente, la bancada del PRD en la Cámara de Diputados impulsa la creación de un Tribunal Nacional Ambiental.
De acuerdo con el proyecto de reforma Constitucional que presentó la perredista María Eugenia Jiménez Valenzuela, la estructura del órgano judicial sería casi idéntica a la del Tribunal Electoral, con una Sala Superior y cinco salas regionales, pero también con un número por determinar de juzgados federales ambientales.
La iniciativa de Jiménez Valenzuela tiene el apoyo de diversos círculos en la Suprema Corte de Justicia. De hecho, fue presentada el 14 de octubre para coincidir con el Primer Encuentro Internacional sobre Jurisdicción Ambiental, celebrado en esas fechas en Puerto Vallarta con el patrocinio de la Corte.
El tribunal ambiental estaría adscrito al Poder Judicial de la Federación, pero sus sentencias serían definitivas y no podrían ser revisadas por ninguna otra instancia judicial, ni siquiera por la Suprema Corte, en un esquema similar al de la justicia electoral.
También existirían 32 tribunales ambientales de los estados, pues en esta materia, son competentes tanto las autoridades federales como las locales.
Para demandar ante este tribunal, los ciudadanos sólo tendrían que demostrar su “interés legítimo” en un caso, no su interés jurídico, y podrían impugnar tanto actos de las autoridades en la materia como de particulares.
Actualmente, el litigio ambiental sirve para impugnar actos de autoridades, y el quejoso tiene que acreditar “interés jurídico”, un concepto mucho más riguroso sobre la afectación directa que le provoca dicho acto.
“Quien presenta una denuncia popular en contra de hechos, actos u omisiones que produzcan o puedan producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales” -dice la iniciativa- “entra a un laberinto de trámites, en ocasiones sin salida y sin esperanza, en el que intervienen la Profepa y la Semarnat a nivel federal y los gobiernos de los estados y de los municipios”.
Agrega que no existen reglas claras del juego por lo que las competencias “se traslapan y hasta se contradicen”, lo que forma una telaraña de intereses personales, regionales y de grupo.
Especialistas advirtieron, sin embargo, que la reforma podría crear una nueva burocracia judicial que no es necesaria.
“Sólo es crear más burocracia para unos cuantos asuntos que, además de compartir su naturaleza con el resto de los casos administrativos (clausuras, revocación de autorizaciones, etc.) se resuelven aplicando los mismos principios”, dijo Gustavo Carvajal Isunza, experto en litigio ambiental.
Actualmente, no existe una estadística nacional sobre juicios ambientales, pues se desahogan ante juzgados de distrito, tribunales estatales y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Pero este último, que sólo revisa actos de la Profepa, registró en 2007 un total de mil 106 casos ambientales, el uno por ciento del total de asuntos tramitados por el TFJFA.
(Reforma)
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