Opinión de Gabriel Quadri de la Torre
 
Cierto que una fracción de diputados y senadores se empeña en arrojar miasmas al poder legislativo, y en someterse hasta la abyección a los caprichos onanistas de un marrullero líder de aldea. Es triste, pero la izquierda es tan sucia y pobre ahora, que lo consideran su único activo y asidero en el mundo, y desde luego, llave exclusiva para disfrutar de  prebendas partidarias. Tratan de hundir al país si no se ajusta a sus designios; pero se hunden primero ellos, tal vez por el bien de todos. ¿Realmente necesitamos a la izquierda?

 
Sin embargo, por resquicios de lucidez (que sorpresivamente aún mantenían hasta hace pocas semanas), llevados de la mano del gobierno federal (sin saberlo) y de legisladores responsables de otros partidos (“la ultraderecha”), nos han obsequiado algunas cosas dignas de hacer notar, aunque hayan pasado de noche para medios y analistas. Bueno, hay que entender, no se trata de cosas “estratégicas” como lo es una mercancía literalmente negra y monopolizada, cuya  renta todos veneran y  disputan. Se trata de la biodiversidad, y de su conservación en México.
 
Recordemos que México es un territorio proverbialmente rico en materia biológica (cosa que nada tiene que ver con el esfuerzo de sus pobladores), dada su situación e historia biogeográfica. El territorio mexicano acoge probablemente al 10% de las especies del planeta, en menos del 2% de su superficie emergida. Este verdadero tesoro – que se encuentra muy a la mano  y sobre el cual ojalá a nadie se le ocurra imponer un monopolio – se ha dilapidado al igual que el otro (la mercancía negra monopolizada), en lo que desde luego, sí tenemos responsabilidad absoluta. Dos maneras fundamentales hay de conservar esa riqueza: primero, la regulación en el uso del territorio y sus recursos a través de la declaratoria y operación de Áreas Naturales Protegidas (parques nacionales, reservas de la biosfera, etcétera); y, segundo, por medio de contratos con los propietarios.
 
Por fortuna, las dos son parte del obsequio que discretamente nos han prodigado nuestros legisladores. Consiste en  una serie de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, aprobadas  por ambas cámaras y que sólo esperan ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Éstas introducen  y legitiman el concepto de conservación privada, a la vez en forma de autorregulación y de contrato, al reconocer como Áreas Naturales Protegidas – oficialmente  certificadas  por la Semarnat – a áreas o tierras voluntariamente destinadas a la conservación por sus propietarios actuales o futuros compradores.
 
Es autorregulación, porque las reformas a la ley implican que estas tierras privadas (ejidales, comunales o propiedades individuales) certificadas por Semarnat deberán de contar con una estrategia de manejo aprobada por la Secretaría. Es también un contrato en un sentido doble; por una parte entre el Estado y los particulares, desde el momento en que la certificación implica respetar la estrategia de manejo. Por otra parte, dado que, explícitamente, será factible para actores privados contratar o comprar   tierras, con la finalidad de dedicarlas a la conservación a través de una declaratoria y certificación oficial (Semarnat).
 
La certificación gubernamental de áreas destinadas voluntariamente por los propietarios a la conservación podrá dar certidumbre a largo plazo (por ejemplo, a inversiones turísticas cuya rentabilidad depende de valores ecológicos, escénicos o paisajísticos), y a muchos otros usos potenciales. Falta ahora que la SHCP haga efectivos los instrumentos económicos (como lo contempla el nuevo texto de la ley) o incentivos fiscales consecuentes.

(El Economista)
 

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