PREOCUPA DESTRUCCIÓN ECOLÓGICA POR DESARROLLOS
04.21.08 - Leído 40 veces. Enviar esta notaAdemás de alterar el orden urbano y quitar tierras a los habitantes, se degradan zonas de humedales y se violan espacios de reserva ambiental
MÉXICO, DF; 21 abril 2008.- México padece la “fiebre del ladrillo”, dice el senador priista Heladio Ramírez López.
Los síntomas: construcciones turísticas a todo lo largo y ancho del país que no serían de gravedad si no fuera porque muchas se edifican sobre playas y áreas naturales, deteriorando el medio ambiente, además de que alteran el orden urbano y son tierras que muchas veces son arrebatadas a cientos de habitantes de esas regiones, según comenta el funcionario.
El senador respalda sus declaraciones en hechos contundentes, pues lamentablemente las denuncias públicas formales y no formales en torno al deterioro provocado por alguna inversión turística o habitacional son muchas.
Entre las más destacadas se pueden mencionar los casos en Sonora, Baja California, Monterrey y, por supuesto, Quintana Roo.
En Puerto Peñasco, Sonora, pescadores, organizaciones civiles y residentes de La Cholla están en desacuerdo con el proyecto promovido por la Inmobiliaria Playa Ensueño, denominado Ampliación Marina Turística Sandy Beach.
Su queja va enfocada al impacto ambiental y social que podría provocarse con su edificación.
De acuerdo con información proporcionada por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), hay algunas irregularidades en el Estudio de Impacto Ambiental que, por ley, debe presentar la inmobiliaria.
Entre éstos se cuenta que la descripción del área del proyecto no se realizó adecuadamente. No hay un estudio sobre la zona que será afectada, es decir, ni el desierto ni el Estero La Cholla.
Se dice que la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado se encuentra a algunos kilómetros del proyecto, omitiendo que parte de la construcción es dentro de la poligonal de esa reserva.
Tampoco hay medidas de mitigación o compensación por la pérdida del ecosistema La Cholla, o para el sector pesquero. Por si fuera poco, el desarrollo de una marina en esa área no se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Peñasco.
En esa misma entidad, otro senador, Arturo Escobar y Vega, ha exhortado al gobierno estatal y al de Hermosillo para que detengan la realización del Proyecto Musas, hasta que no se publiquen las autorizaciones con que cuentan para llevarlo a cabo.
El legislador del Partido Verde Ecologista denunció irregularidades tales como que Musas no cuenta con estudios suficientes de impacto ambiental, y que tampoco se ha aprobado la donación de terrenos por parte del cabildo del Parque de Villa Seris, bosque en el que pretenden construir inmuebles para convenciones, exposiciones y centros comerciales.
En Sonora hay una serie de denuncias publicadas en diarios locales en torno a la falta de accesos a las playas en Bahía de Kino, donde se han permitido construcciones habitacionales que restringen el paso a ciudadanos y turistas.
Cemda ha documentado varios casos en la península de Baja California, en la que denuncian irregularidades en proyectos turísticos que se pretenden llevar a cabo en las playas de la región.
Tal es el caso del llamado Paraíso del Mar, un mega proyecto, como explican los representantes de Cemda, que contempla mil 50 cuartos de hotel, mil lotes y un campo de golf, sobre la barra arenosa llamada el Mogote frente a La Paz.
Se afirma que el proyecto viola la legislación ambiental al haber destruido una hectárea de manglar en el Mogote.
En la autorización de impacto ambiental no se evaluó el posible daño sobre el tiburón ballena, especie en riesgo de extinción, que es un atractivo único de la región del Golfo de California para un turismo de avistamiento”.
El proyecto, afirman, se ha promovido ampliamente en el extranjero. Sin embargo, los desarrolladores no han informado a sus compradores potenciales sobre las violaciones directas a la ley ambiental mexicana con las que el proyecto ha procedido y sobre las acciones legales que el proyecto tiene en su contra.
En Cabo Pulmo, Baja California, también existe tensión por el proyecto Parque Nacional Marino Cabo Pulmo, debido a que para su construcción desalojaron a comuneros de 62 hectáreas de terrenos costeros.
Esta zona alberga corales, y aún cuando los comuneros ya ganaron dos veces en los tribunales, la inmobiliaria insiste en su intento por apoderarse de esas tierras.
Un poco más abajo, en la playa El Coyote, en Baja California Sur, otro grupo de comuneros se ha inconformado ante las autoridades por el proyecto residencial Maravía.
Dicen que la empresa promotora, Coyote Baja Resorts, ha invadido sus predios para construir el proyecto que contempla mil 750 hectáreas.
En Mexicali, Baja California, también hay pleito por cuatro mil hectáreas de tierras costeras que pertenecen a ejidatarios del puerto de San Felipe. La empresa denominada El Dorado cercó con malla ciclónica en la superficie en disputa, para un desarrollo turístico.
Aunque no es playa, en Monterrey también hay disputas entre desarrollos inmobiliarios y de entretenimiento contra el desarrollo ambiental.
Recientemente, las autoridades ambientales se unieron al gobierno municipal de Santa Catarina para evitar que se construya un campo de golf de 97 hectáreas y un fraccionamiento de alrededor de siete mil viviendas en más de dos mil hectáreas sobre el Cañón de Ballesteros.
A pesar de que son las mismas autoridades ambientales y el gobierno municipal los que demandaron a los promotores ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, esta instancia determinó que no se debía aplicar el Plan de Desarrollo Urbano local, sino sólo la ley Estatal de Ordenamiento Territorial, permitiendo así la controvertida construcción.
Las autoridades adelantaron que continuarán luchando por revertir esta situación.
En Nayarit hay denuncias. Una de ellas es en torno al despojo de 600 hectáreas de tierras junto a playa Rincón Guayabitos, en Compostela.
Los ejidatarios se quejan de que les está prohibido incluso el acceso a sus tierras de cultivo.
Guerrero no podía faltar en la lista de denuncias. Playa Diamante ha sido mencionada en no pocas ocasiones por presentar un crecimiento desmedido de desarrollos habitacionales y hoteleros, previo despojo de tierras ejidales que pasan a manos de particulares.
En este conflicto se ha señalado como responsables a el priista y ex gobernador de la entidad José Francisco Ruiz Massieu en la década de los 90, asi como al panista Diego Fernández de Cevallos y diversas empresas inmobiliarias.
En esta zona son numerosas las denuncias sobre destrucción de manglares y construcciones irregulares, involucrando a políticos locales.
Una de las más recientes polémicas se desató por el lanzamiento de una convocatoria para concesionar la Playa Marlín, el único balneario que controla el ayuntamiento de Benito Juárez.
El municipio emitió las fechas de licitación aún cuando el proyecto de concesión a 30 años, no ha sido aprobado por el congreso local.
El tema no ocupa los primeros lugares en el debate nacional. Sin embargo, desde finales del año pasado los senadores mantienen una “silenciosa” guerra de propuestas para restringir o impulsar abiertamente el aprovechamiento de estas zonas.
“Yo no tengo prisa”, afirma el senador Luis Coppola Joffroy, presidente de la comisión de Turismo y agrega: “el que tiene prisa es el país”.
El panista pertenece al grupo de quienes quieren acabar con la “simulación” y permitir de una vez y directamente la inversión, dominio y aprovechamiento de las playas mexicanas por inversionistas extranjeros, quienes actualmente lo hacen pero bajo la figura de fideicomisos que “sólo son una traba burocrática que los ahuyenta y empuja hacia otros países”.
El que sí tiene prisa es Ramírez López. El priista, quien se desempeña como presidente de la comisión de Desarrollo Rural en el Senado, señala que es “urgente” que se detenga la destrucción de nuestros recursos naturales y la injusticia para comuneros y ejidatarios.
En diciembre pasado Coppola “subió” al Senado una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, para que se “borre” la frase de los “50 kilómetros de playas” que existe actualmente como restricción al dominio directo en manos extranjeras.
Ramírez López respondió en febrero con un punto de acuerdo en el que promueve la formación de una comisión que evalúe y determine las medidas necesarias para que se respeten los ordenamientos ecológicos y urbanos, se uniformen y se denuncien las invasiones a territorios que son propiedad de la nación.
Para el priista “el país entero es un caos en materia de desarrollo urbano. El Gobierno Federal se rige por diversos ordenamientos sin coordinación entre ellos, mientras que los gobiernos estatales y municipales tienen una gran discrecionalidad para modificar los usos de suelo y para otorgar permisos de construcción”.
El desorden provoca, dice el senador, que además “se creen muy graves problemas de abastecimiento de agua, electricidad, vialidad, drenaje, seguridad pública y contaminación”.
Coppola sostiene que de reformarse el artículo 27, habría mayor entrada de divisas al territorio nacional considerando que el gasto que representa un turista promedio es de 794 dólares.
“Habría más empleo y se impulsaría la inversión en infraestructura social y económica derivada del crecimiento económico”, dijo.
El también hotelero de la zona de Los Cabos se asume como un ecologista y niega que abrir la inversión de manera directa provoque que los extranjeros se apropien de los bienes de la nación: “no se van a llevar nada”.
Por el contrario, dice que es sólo “xenofobia” de algunos senadores, lo que impide que se den los cambios que necesita el país.
(Excélsior)
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