La industria petrolera latinoamericana camina en forma despareja hacia prácticas menos agresivas con el ambiente

CARACAS, Venezuela; 17 abril 2008.- Los años bajo el escrutinio público, las tecnologías modernas, leyes y controles estatales, la responsabilidad empresarial y la necesidad de eficiencia empiezan a mejorar el desempeño ambiental de la exploración y explotación de hidrocarburos en América Latina.

“Nuestra línea hace incompatible explotar la riqueza en el subsuelo mientras en la superficie las poblaciones viven en la pobreza”, dijo a Tierramérica Juan Bravo, gerente del brazo ambiental del consorcio estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la sudoriental Faja Petrolífera del Orinoco.

Durante décadas, la explotación petrolera y gasífera en Venezuela contaminó campos, ríos, lagos y ciudades, y dejó crecer cinturones de miseria junto a las instalaciones que producían la riqueza.

Desde la nacionalización de la industria (1976), ningún negocio de hidrocarburos es aprobado sin proyectos de mejoramiento social y cuidado ambiental. Al tender un gasoducto entre el norte de Colombia y el de Venezuela, Pdvsa destinó 15 de los 150 millones de dólares invertidos en programas para las comunidades de las zonas que atravesaba.

En la Faja, de 55.000 kilómetros cuadrados con existencias estimadas en 1,2 billones de barriles (de 159 litros) de crudos muy pesados (al menos un quinto recuperables), Pdvsa y sus socios de una treintena de compañías extranjeras extraen medio millón de barriles por día.

“En buena medida, los logros ambientales se deben a los nuevos códigos de conducta de las empresas energéticas globales. No entran en ningún negocio sin ver el estado del territorio o sin hacer auditorías ambientales”, dijo a Tierramérica el ingeniero petrolero venezolano Diego González.

Por ejemplo, a diferencia de campos tradicionales del occidente venezolano horadados por miles de taladros verticales, ahora se perfora horizontalmente: cuando la barrena llega al nivel del yacimiento en el subsuelo, bombas hidrosumergibles extraen el crudo desde varios puntos, sin alterar siquiera el paisaje de la superficie, describió.

En Brasil, la petrolera Petrobras “ejecuta proyectos de monitoreo que evalúan el ambiente antes de implantar emprendimientos de perforación o producción”, particularmente en la atlántica Cuenca de Campos, al noreste de Río de Janeiro, dijo la empresa mixta en una declaración escrita entregada a Tierramérica.

Los estudios “identifican restricciones a la ubicación de las unidades (de perforación, ductos), ante la existencia de ecosistemas importantes, como corales de agua profunda, para proponer alternativas de menor impacto ambiental. Además, se monitorean todos los efluentes lanzados, como agua de producción, efluentes sanitarios, cascajo y fluido de perforación”, indicó Petrobras.

En Ecuador, otro país petrolero, el reclamo ambiental llega como un fuerte pase de factura por los daños a la Amazonia causados por la trasnacional ChevronTexaco durante 25 años y que debería llevar a indemnizaciones de entre 7.000 y 16.000 millones de dólares, casi lo que factura anualmente esa corporación, según peritos ecuatorianos.

Esa contaminación, causada por más de 600 vertederos de desechos de crudo, escaldó de tal modo a la sociedad ecuatoriana que abrió paso a un vasto movimiento ecologista con respaldo internacional para no explotar en la Amazonia los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini –en los que está interesado Petrobras–, a fin de preservar espacios del Parque Nacional Yasuní.

“Casos como los de Brasil y Ecuador tienden a evitar los derrames de crudo, para lo cual se mejoran constantemente las tecnologías. En parte, debemos esto al inicio de la explotación en el Mar del Norte hace más de 30 años”, dijo González a Tierramérica.

A diferencia de las grandes explotaciones que en México, Venezuela, el Golfo Pérsico o Arábigo o la extinta Unión Soviética precedieron legislaciones y consideraciones ecológicas, las que Gran Bretaña y Noruega autorizaron bajo el lecho del Mar del Norte llegaron en los años 70 y debieron atender estrictas normas ambientales.

Además, para hacer rentable la extracción de crudo en esa área y no desperdiciar ni un barril, las empresas debieron desarrollar tecnologías modernas y seguras, luego exigidas por los entes reguladores en otros países.

Los derrames siguen siendo el dolor de cabeza de empresas como la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), con serio declive de sus yacimientos y que destina a cuestiones ambientales uno por ciento de sus 17.160 millones de dólares de presupuesto.

De los 24.000 barriles de petróleo de Pemex derramados cada año, un tercio se originan en tomas clandestinas a sus ductos, según la empresa. Los grupos ambientalistas la identifican como la primera empresa contaminante de México y responsable de 57 por ciento de las emergencias ambientales.

En el código de conducta de la empresa, como en el de otras corporaciones petroleras, el primer punto es “respetar y mejorar el medio ambiente”, y a sus 155.000 empleados se les prohíbe “considerar más importante la producción que el equilibrio ecológico”.

La venezolana Pdvsa diseñó planes de manejo para los 28 bloques en que dividió los 21.000 kilómetros cuadrados actualmente trabajados en la Faja del Orinoco.

Nuevos mapas y reconocimientos de las áreas “permiten decisiones sobre los mejores sitios y rutas para emplazar instalaciones, carreteras o tuberías, pero también trabajar como un proyecto cada cuenca, comenzando por reforestar para capturar dióxido de carbono, mientras prosigue la actividad petrolera”, dijo Bravo.

González reconoció que “el almacenamiento de crudo ya no arroja problemas, porque cada tanque o estación de flujo tiene una servidumbre en forma de espacio amurallado para contención de derrames equivalente a vez y media la capacidad del depósito”.

Pero la extracción de crudos pesados en la Faja para convertirlos en sintéticos livianos “genera nuevos problemas ambientales, porque tienen altos contenidos de azufre y metales, que deben almacenarse o transportarse para su venta, pero cuyos mercados no son tan fáciles como los petroleros”, destacó.

La producción en la Faja, de 600.000 barriles diarios –un quinto del total venezolano–, deja cada día 1.600 toneladas residuales de azufre y 14.500 de coque.

El coque es insumo de la industria siderúrgica y se vende en Venezuela, y derivados del azufre, que se exporta, se emplean en la manufactura de abonos, agroquímicos, caucho vulcanizado, tintes, etcétera. Pero su almacenamiento y transporte tiene costos financieros y ambientales.

“Si se cumplieran aspiraciones como las de este gobierno, de producir (en la Faja) hasta cuatro millones de barriles diarios de crudo, cada jornada dejaría más de 10.000 toneladas de azufre y casi 100.000 de coque”, observó González.

Pdvsa invitó a empresas de Argentina, Brasil, China, España, India, Irán, Rusia y Uruguay a que la ayuden a certificar que son extraíbles de la Faja 236.000 millones de barriles de crudo, con lo que Venezuela tendría las mayores reservas del planeta.

(Tierramérica)

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