Karla María Sosa
 
Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales presentaron el escrito el jueves 27 de marzo, en defensa de los derechos de los afectados y del ambiente
 
MÉXICO, D,F; 3 abril 2008.- Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes entregaron el documento al Tribunal Colegiado de Guerrero en Acapulco, apoyando a los demandantes, CECOP y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en la acción de amparo contra la CFE y otras autoridades, por la falta de consulta a los afectados e inadecuada evaluación ambiental para la construcción de la represa de La Parota. “Tenemos la confianza que el Tribunal en el estudio de este caso tan trascendental para México, tome en cuenta también el derecho internacional, que brinda grandes oportunidades para llenar vacíos de la legislación nacional”, aseguró Alicia Carriquiriborde de FIAN.

Las cerca de veinte organizaciones firmantes argumentan que la aprobación del proyecto además de las normas nacionales, desconoce normas internacionales de derechos humanos y ambientales, incluyendo los derechos de garantía y audiencia, y los derechos económicos, sociales y ambientales, como el derecho a la vivienda, al medio ambiente sano, a la alimentación y a la salud.

El escrito se apoya además, en el Informe de los Relatores Especiales de la ONU, Rodolfo Stavenhagen (de Derechos de los Pueblos Indígenas) y Miloon Kothari (sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada) quienes a comienzos de marzo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitaron al Gobierno de México “que hasta no haber satisfecho plenamente las cuestiones que aquí se han abordado [en su informe] y haberse dado todas las garantías de que los derechos humanos de las personas afectadas serán respetados, y haberse analizado seriamente todas las alternativas posibles, se suspendan los trabajos de realización del Proyecto Hidroeléctrico”. 

Dentro de las mayores fallas del proyecto se incluye la falta de información a los afectados y del estudio de impacto ambiental integral que evalúe los daños que la represa va a causar, las medidas para prevenirlos, así como las posibles alternativas al proyecto.

Ante tales inconsistencias y por las violaciones a los derechos humanos de los pobladores afectados por el megaproyecto de La Parota, apelamos al Tribunal Colegiado de Guerrero, para que haciendo uso de sus facultades y en apego a derecho, y a los Pactos y Convenios de Derecho Humanos ratificados por el Gobierno Mexicano, otorgue el recurso de Amparo para los pobladores, acoja los argumentos del Amicus, y se cancele todo trabajo en la construcción de la presa La Parota, hasta que el Gobierno Mexicano cumpla a cabalidad con la demanda de los pobladores de la zona y las normas nacionales e internacionales aplicables. “La intención del Amicus es contribuir desde nuestra experiencia en derecho internacional, para fortalecer la protección de los derechos humanos en este caso”, puntualizó Astrid Puentes de AIDA.
 
Atentamente:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA), Espacio DESC: Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre DESC-capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)[1], Housing and Land Rights Network, Habitat International Coalition, Environmental Defender Law Center (Estados Unidos), International Rivers (Estados Unidos), Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX (Ecuador), FIAN Internacional (Alemania)

(Planeta Azul)

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