ANALIZAN ASPECTOS LEGALES POR POSIBLE CONTAMINACIÓN
02.16.08 - Leído 74 veces. Enviar esta notaLas posibles violaciones a los tratados internacionales por la contaminación que pudiera generar en suelo mexicano la reapertura de la planta fundidora Asarco, en El Paso, Texas, fue abordado por la mesa de delitos ambientales del Ministerio Público Federal
CD. JUÁREZ; Chih; 16 febrero 2008.- Sin embargo, los integrantes de esa mesa, entre quienes se encuentran, la PGR, Profepa, Semarnat, representantes del Gobierno del Estado, Municipio y la Iniciativa Privada, decidieron canalizar un informe a sus respectivas áreas centrales.
El tema de Asarco y sus implicaciones jurídicas fue propuesto por la Iniciativa Privada ante el temor de la contaminación que pudiera generar esa industria, señaló Ruben Tarango Mancinas, jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
“La Iniciativa Privada externó únicamente la preocupación de que pudiera contaminar como hace 15 años, pero también se vio que hace 15 años los procesos eran distintos. (Finalmente) la decisión fue canalizar a cada una de las dependencias”, explicó.
El miércoles, la Comisión para la Calidad del Medio Ambiente de Texas (TCEQ) aprobó de forma unánime el permiso de emisiones de la planta de Asarco en El Paso por cinco años, aunque impusieron algunas condiciones especiales que la compañía debe acatar antes de su reapertura.
Esa situación, impide al Ministerio Público Federal proceder ya que se trata de otro país, indicó Tarago Mancinas.
“Hubo la inquietud del sector empresarial respecto a la apertura de Asarco. Por lo pronto es una mesa donde se puso a disposi ción el tema. No es una decisión que podamos tomar porque es internacional, es una decisión de un Estado extranjero”, dijo.
Señaló que las mesas de delito ambiental reciben quejas de la ciudadanía en general y como tal ayer procedió a analizar el tema de Asarco el cuan finalmente será canalizado a dependencias federales relacionadas con el tema, las cuales a su vez deberán utilizar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar cualquier acto de reclamación.
“Se ha planteado la problemática e inquietud de la ciudadanía, pero es una decisión de otro Estado. Sin embargo Semarnat no e sta al margen, ni las autoridades estatales o municipales y tendremos participación de las oficinas centrales a través de las cancillerías”, apuntó.
No obstante, Héctor Lozoya, quien coordina el grupo ambiental del Consejo Ciudadano de la PGR, externó que se insistirá en la revisión de los convenios internacionales y se buscará también acudir a organismos internacionales para denunciar la reapertura de la planta y sus implicaciones para el medio ambiente en la frontera.
(El Diario)
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