VITAL, APOYAR INVESTIGACIÓN EN AGRICULTURA
01.30.08 - Leído 44 veces. Enviar esta notaSeñalan académicos la urgencia de elaborar alternativas ante el cambio climático. El gobierno debe tomar medidas para garantizar la soberanía alimentaria, consideran
MÉXICO, D.F.; 30 enero 2008.- El país necesita con urgencia inversiones en la investigación científica y en el ámbito agrícola para elaborar alternativas ante el cambio climático, que –según escenarios sustentados en información internacional– en poco menos de tres décadas dejará improductivas 68 por ciento de las 23 millones de hectáreas cultivables, advirtieron investigadores de la UNAM y de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La información que se tiene proviene de organismos internacionales y es insuficiente para “saber qué está pasando” en el país por el cambio climático; sin ello “continuaremos viviendo en una mayor incertidumbre”, expuso Francisco Estrada Porrúa, del Centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM, al participar en el seminario internacional Cambio climático, campo y justicia agraria, en el contexto de la quinta reunión de magistrados de los tribunales agrarios.
José Sarukhán Kermez, del Instituto de Ecología de la UNAM, expuso que no hay una investigación de los efectos del cambio climático en el sector agrícola, por lo que se carece de “bases para movernos en la dirección correcta de desarrollar una agricultura que abastezca las necesidades de la población y que sea sustentable”.
En breve entrevista, consideró que el gobierno debería destinar mayor presupuesto para investigar los efectos del cambio climático en la agricultura porque “no estamos jugando a ver si tenemos más televisiones de pantallas planas, sino con el mecanismo de generación de alimentos para la población. Se requiere apoyar a las instituciones que, como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, han estado abandonadas por una serie de razones, algunas de ellas por la falta de visión del gobierno. Hoy no tenemos una investigación agrícola que tenga liderazgo y autoridad moral para dar opiniones”.
Puntualizó que desde hace dos décadas han faltado los estímulos necesarios y una política real para afrontar los retos; actualmente está el programa de cambio climático gubernamental, que tiene buenas bases pero “hay que aterrizarlo y ponerlo realmente a trabajar, pues aún estamos a tiempo para reducir la velocidad y evitar que el golpe sea muy fuerte”.
Los investigadores del Centro de Estudios de la Atmósfera, Francisco Estrada; del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología, Federico Páez Osuna; y del Centro de Investigación en Ecosistemas, Roberto Living Cisneros, todos de la UNAM; así como Jorge Villarreal, de la Fundación Henrich Böll en México, explicaron a los magistrados de los tribunales agrarios que los escenarios que se desprenden de la información internacional son catastróficos: mucha gente sufrirá hambruna y un tercio de la población mundial experimentará estrés hídrico. En México se estima que en el año 2020 la región agrícola del norte dejará de ser productiva, efectos que se resentirán principalmente en diez estados –no especificaron cuáles–, y en el caso de las pesquerías también decaerá la producción.
“Hay muchos fenómenos que aún no entendemos y con el conocimiento actual no se pueden precisar los efectos del cambio climático en el mar, ya que habrá especies favorecidas y otras desfavorecidas. La percepción es que el daño será mayor”, dijo Federico Páez.
Pero los primeros efectos del cambio climático en la agricultura y en las pesquerías ya se están viendo debido a que están cambiando las estructuras de los mercados en materia de producción y las inversiones se están retrayendo. En este panorama, el gobierno mexicano debe analizar la conveniencia de producir agrocombustibles o desarrollar otro tipo de energías alternativas, pero lo que no puede hacer es renunciar a garantizar la soberanía alimentaria, sostuvo Jorge Villarreal.
Gonzalo Chapela, de la FAO, destacó que el análisis también corresponde a los legisladores y a la Procuraduría Agraria, ya que el acelerado rentismo de los terrenos altamente productivos introdujo una nueva variable en la tenencia de la tierra.
Invitó a los magistrados a profundizar en temas como la sustentabilidad de la tierra agrícola para garantizar la seguridad alimentaria; pugnar para que se aplique la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la que se establece un trato diferenciado para los agricultores; intervenir en el reordenamiento de las prácticas de manejo de las tierras y atender el complicado régimen jurídico del ordenamiento territorial.
(La Jornada)
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