ANOMALÍAS EN CONFINAMIENTO INDUSTRIAL UBICADO EN RAMOS ARIZPE, COAHUILA
12.27.07 - Leído 95 veces. Enviar esta notaEl dirigente del PRI Coahuila, Rubén Moreira Valdez, demostró que la instalación de un confinamiento industrial, en Ramos Arizpe, se dio en base a una serie de anomalías; en tanto que el ex alcalde panista Ernesto Saro Boardman, reconoció que entregó permisos para construcción a sabiendas de que la empresa operadora no contaba con la experiencia necesaria
COAHUILA, Coah; 27 diciembre 2007.- Los políticos sostuvieron un debate en una conocida estación de radio de la localidad, en la que se profundizó sobre la instalación y funcionamiento del Centro Integral de Manejo de Residuos Industriales (CIMARI), ubicado en el kilómetro 108 de la carretera Saltillo- Monclova y cuya autorización fue promovida por el ex alcalde y ahora senador, Ernesto Saro Boardman.
Dicho basurero alberga residuos tóxicos de todo el país, y dada su escasa experiencia en el manejo de los mismos, la semana pasada fue parte de un incendio de más de 15 mil toneladas de residuos que provocaron una contaminación ambiental severa.
En el encuentro, Rubén Moreira reconoció la necesidad de contar con centros para el manejo de residuos, sin embargo, destacó que en éste caso no se realizó un consenso ciudadano y la entrega del permiso de construcción —facultad del municipio— se dio en escasas semanas y hasta con anticipación a los trámites oficiales.
De la misma manera, presentó peritajes de un despacho contable y un notario público, en el que se asentaba que la subdivisión de los predios en los que se construyó el CIMARI debió ser cobrada en más de 5 millones 800 mil pesos, en apego al artículo 25 fracción tercera del Código Financiero de Ramos Arizpe, pero fue cobrada sólo en 100 mil pesos; aunque el panista intentó justificar la condonación, no presentó los argumentos necesarios.
“El artículo 115 de la Constitución es la que se aplica, para que el municipio determine cuánto es lo que se puede cobrar y en base a eso hicimos la operación y determinamos cobrar esa cantidad”, dijo en su defensa Saro Boardman, quien aseveró que él sólo dio seguimiento a autorizaciones entregadas por la administración federal, en ese tiempo de Vicente Fox.
(La Crónica)
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