El segundo accidente en un año protagonizado por un barco turístico en la Antártida preocupa a los países que integran el sistema de protección y conservación de la zona, que reclaman con insistencia penalizaciones en casos de siniestros contaminantes

BUENOS AIRES, Argentina; 26 noviembre 2007.- Así lo advirtió a IPS Mariano Memolli, titular de la Dirección Nacional del Antártico dependiente de la cancillería argentina. “Estamos muy preocupados por la frecuencia de estos accidentes, pero los demás países, que también están preocupados, se demoran en firmar las normas que permitirían una protección mayor del área”.

El debate resurgió a raíz del choque este viernes del M/S Explorer, un lujoso crucero chico, con un iceberg cerca de las islas Shetland del Sur, al norte de la Península Antártica. El centenar de pasajeros y tripulantes fueron rescatados en botes neumáticos, y la nave dañada quedó escorada con un ángulo de 45 grados. “Lo más delicado aquí pasa a ser el tema ambiental”, advirtió Memoli. “Si bien las esclusas donde se almacena el combustible permanecen cerradas, habrá que sacarlo y nunca se puede limpiar todo así que, aunque sea reducido, algún impacto estimamos que va a haber”, apuntó.

El buque porta 185 toneladas de combustible y las primeras estimaciones coinciden en que remolcarlo sería riesgoso y antieconómico. Por eso, se estudia rodearlo para contener un eventual derrame y aspirar la mayor cantidad posible de combustible.

Memoli explicó que el gasóleo que lleva la nave es un combustible liviano que en su mayor parte se evapora, pero el remanente es muy tóxico y soluble en agua. “Estamos hablando de una región con un alto valor biológico donde hay pingüinos, focas, elefantes marinos y diversas clases de peces y pájaros”, recordó.

El barco, de 73 metros de eslora y 14 de manga, de bandera liberiana, fue construido en Finlandia y era operado por la empresa turística canadiense GAP Adventures, Los náufragos fueron rescatados de los botes salvavidas por el buque noruego Nord Norge, que los llevó a la base chilena Eduardo Frei para su traslado aéreo al sur de ese país.

La mayoría de los pasajeros, que pagaron en promedio 8.000 dólares por este paseo, eran británicos, holandeses, estadounidenses y australianos.

Una tripulante argentina, Andrea Salas, declaró a una radioemisora que no hubo pánico al momento de abandonar la nave porque el tiempo era muy favorable, sin viento, pero el frío los golpeó duramente durante las casi tres horas que permanecieron mojados en los buques salvavidas en medio de un fuerte oleaje.

Según comunicó la empresa canadiense, el Explorer “golpeó un trozo de hielo de la isla King George (Rey Jorge) y el impacto dejó en el barco un agujero del tamaño de un puño”. El portavoz de la Armada argentina, capitán Juan Panichini, opinó que la inclinación del barco era “crítica” al mediodía de este viernes y que parecía “inevitable” su hundimiento.

Salas comentó que los golpes con bloques de hielo “eran normales” y no alteraban al pasaje, hasta que un grupo subió de las cabinas mojado y gritando “Hay agua!”. Entonces se les informó que el crucero se había topado con un bloque de hielo, que la situación estaba bajo control, y que no obstante deberían evacuar de inmediato”.

Este siniestro es el segundo que ocurre este año en la Antártida. El primero se registró a fines de enero, cuando el buque noruego Nordkapp encalló con casi 300 turistas y 76 tripulantes en la zona rocosa Fosas del Neptuno, en isla Decepción, y derramó cerca de 700 litros de combustible para motores diesel en un área de orcas, pingüinos y cormoranes.

El anterior a estos dos ocurrió en 1989, cuando el buque de la Armada argentina Bahía Paraíso, con turistas y científicos a bordo encalló frente a la isla Anvers, cerca de la base estadounidense Palmer. El accidente dejó una mancha de combustible de 100 kilómetros cuadrados y diversas especies fueron gravemente afectadas.

Biólogos del Centro Austral de Investigaciones Científicas sostienen que, si bien el continente de más de 14 millones de kilómetros cuadrados es un desierto helado, en las costas alberga una rica fauna y una flora única de musgos y líquenes cuyo pisoteo resulta muy dañino debido a las malas condiciones de reproducción.

Según La Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida, que reúne a las empresas que llevan visitantes a la región, estimó que, desde los viajes aislados que se hicieron a fines de los años 60 hasta ahora, los pasajeros aumentaron de menos de unos cientos a más de 32.000.

Los viajeros vienen de diversos países y parten en barco desde Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, la provincia más austral de Argentina ubicada 1.000 kilómetros al norte de la Península Antártica. Los cruceros suelen recorrer algunas islas y se hacen avistajes. Pocas veces los pasajeros desembarcan.

No obstante, el tránsito de buques en una zona rocosa, con desplazamientos de bloques de hielo y condiciones climáticas extremas –fuertes vientos, gran oleaje y temperaturas por debajo de cero aún en verano– incrementa el riesgo de naufragios y otros accidentes que, sin ser trágicos, dejan huellas.

Ese es el ambiente que se busca preservar mediante diversos instrumentos legales que integran el sistema antártico. El convenio madre es el Tratado Antártico. Con una presencia permanente de más de 100 años en el continente blanco, Argentina es un activo signatario de ese acuerdo, firmado el 1 de diciembre de 1959 y en vigor desde 1961.

El acuerdo establece que la Antártida debe ser utilizada sólo con fines pacíficos. Los 28 países signatarios se comprometieron a promover allí la cooperación científica internacional, mantener su ambiente prístino, y abstenerse de prestar el continente para bases militares ni ensayos de armas.

Para reforzar específicamente la protección ambiental, en 1991 los países signatarios impulsaron el llamado Protocolo de Madrid y en 2005, a raíz del auge turístico hacia este confín, añadieron un anexo de “Responsabilidad surgida de emergencias ambientales”, que aún no entró en vigor a la espera de ser ratificado por todos.

Ese documento, cuya vigencia reclaman los integrantes del sistema antártico, tiene el objetivo de “prevenir, reducir al mínimo y contener el impacto ambiental” de los accidentes al exigir a los operadores turísticos que estén preparados para adoptar “acciones de respuesta rápidas y eficientes” frente a un siniestro.

Si no lo hicieran, se prevé que el responsable “pague un importe que refleje lo más fielmente posible los costos de las acciones” que debieron adoptar los estados para el saneamiento. También se propone crear un fondo que administre la secretaría del Tratado, con sede en Buenos Aires, para financiar esas acciones

(IPS)

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