REANUDAN CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ANTIECOLÓGICA
11.21.07 - Leído 194 veces. Enviar esta notaMaquinaria pesada ocupa tramo boscoso de la ruta Bolaños-Huejuquilla. Obras ilegales: no cumplen requisitos ambientales y dañan ecosistemas
GUADALAJARA, Jal; 21 noviembre 2007.- La carretera Bolaños-Tenzompa-Huejuquilla, comenzada a construir durante la Administración estatal de Francisco Ramírez Acuña sin contar con autorizaciones ambientales, se encuentra clausurada desde el 7 de abril de 2006, pero eso no ha sido obstáculo para que su sucesor, Emilio González Márquez, reinicie los trabajos.
Bajo el discurso de la urgente necesidad de desarrollo en las regiones marginadas de Jalisco, el mandatario anunció desde junio pasado que se le canalizaría una inversión de 86 millones de pesos, pese a que ya era conocida la situación legal de la obra (Público, 18 de junio de 2007).
Eso no arredró al mandatario ni a sus colaboradores, pero en vez de buscar a la autoridad ambiental para reparar los daños causados en el pasado y obtener los nuevos permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal, se fueron “por la libre” y reiniciaron las obras, lo cual fue de inmediato denunciado por los dueños de los predios afectados.
Así, el pasado 31 de octubre de 2007, el responsable de los predios forestales Azucenas y Astillero, Marco Montaño Ayala, entregó en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) una solicitud urgente de “medidas de seguridad” ante la violación de la clausura. La petición ya fue aceptada por el delegado estatal, José de Jesús Becerra Soto, quien se comprometió a mandar un equipo de inspección para verificar los hechos denunciados, según dijo a este diario el vocero del organismo, Juan Carlos Díaz Morales.
“En la carretera Bolaños-Huejuquilla tenemos una clausura total temporal en toda la carretera, es una resolución administrativa del 16 de enero de 2006 [que fue elevada a acuerdo de conclusión el 7 de abril siguiente]. Como medida de seguridad, se determinó que para levantar clausura se cumplirían medidas correctivas de urgente aplicación; hasta el momento no hay respuesta a las mismas y sigue vigente la clausura”, explicó el funcionario.
Entre las cosas pendientes, “se les pide presentar autorización del estudio técnico justificativo para cambio de uso de terrenos forestales emitida por la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales]. Tampoco se conoce en Profepa una manifestación de impacto ambiental debidamente autorizada. También tenemos que hubo destrucción de diversas especies de arbolado como pinos, papelillos, robles y tepemezquites, y se debe determinar la forma de reparar ese daño”, añadió.
La denuncia del 30 de octubre pasado alude “al subtramo número tres de la carretera, ubicado en el municipio de Bolaños […] Hemos observado en el presente mes de octubre que la ejecución de los trabajos ha reiniciado por parte de las constructoras sin contar con la autorización de la Semarnat, en desacato a la clausura de la Profepa”, destaca Montaño Ayala.
Así, “el gobierno de Jalisco violenta el Estado de derecho ignorando la resolución de la Profepa, que en su oficio PFPA/JAL/DQ/0322/06.02122, de fecha 7 de abril de 2006, me informa las medidas que decretó, consistentes en la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con la construcción del tramo carretero […] Asimismo se impusieron medidas de urgente aplicación a efecto de subsanar los hechos irregulares detectados”.
Añade el propietario que el 2 de julio de 2007 presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (Semades), del gobierno de Jalisco, “denuncia en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano del gobierno del estado, en virtud de que dicha secretaría, a través de un programa temporal de empleo, había entrado a nuestras propiedades y realizaba tala inmoderada de arbolado”.
A esta denuncia, la Semades le asignó el número 197/07,SEMADES/PROFEPA/3016, “turnándola por competencia a la Profepa con fecha 4 de julio. Ahora bien, Profepa recibe y le asigna un nuevo expediente, PFPA/JAL/DQ/79/0300-07, debiendo acumularse al expediente existente [PFPA/JAL/DQ/0193-05], donde se ordenó la clausura total y se impusieron medidas de urgente aplicación, las cuales no se cumplieron”.
A juicio de Montaño Ayala, esto demuestra una actitud de “rebeldía” de los servidores públicos y las constructoras que ha generado graves riesgos al equilibrio ecológico, lo que lleva a pedir medidas de seguridad urgentes, consistentes en “la inmovilización de la maquinaria, herramientas e instrumentos utilizados por las constructoras”; también pide que se instauren las denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) “en contra de los servidores públicos que violaron la orden de clausura”, lo que incluiría al gobernador del estado, Emilio González Márquez, quien anunció y ordenó reiniciar con los trabajos de construcción.
(Milenio Guadalajara)
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