Rodrigo Álvarez

Fue denunciado por las organizaciones ante PGR, presidencia y el órgano de control del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

MÉXICO, D.F; 22 septiembre 2007.- Han pasado dos años desde que fue declarada como violatoria de las leyes mexicanas la autorización para que Minera San Xavier pudiera explotar oro y plata en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí; sin embargo, continúa la corrupción para aplicar la justicia en este caso, debido a que Alejandro Sánchez Hernández, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ha ignorado la sentencia definitiva para que la minera suspenda sus trabajos, señalaron las organizaciones Pro San Luis Ecológico, A.C., y Greenpeace.

Alejandro Sánchez Hernández ha sido un fiel guardián de los intereses de Minera San Xavier, S.A. de CV. filial de la empresa canadiense Metallica Resources, Inc., ya que todos los asuntos que en dicho tribunal se han tramitado en contra de esta empresa minera, han sido apoyados con absurdas e infundadas resoluciones que incluso no han sido compartidas por los demás magistrados en el pleno del tribunal.

Por este motivo, San Luis Ecológico, A.C., y Greenpeace interpusieron tres procesos de irresponsabilidad en contra de este funcionario público, uno ante el Órgano de Control y Vigilancia  del propio Tribunal  Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (el 30 de agosto de este año y con sello de recibido), otro ante la Presidencia de la República (enviado por correo el día 5 de septiembre), y el tercero ante la Procuraduría General de la República (el 5 de septiembre con número de recepción 029725).

Cabe recordar que en 1999, la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), ahora Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), otorgó a Minera San Xavier la autorización para el cambio de uso de suelo y proyecto de explotación minera de oro y plata, bajo el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación a base de cianuro de sodio, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí.

Desde aquel año, diversos pobladores, ejidatarios, profesionistas, investigadores y grupos ambientalistas se opusieron rotundamente a dicho proyecto, motivo por el cual impugnaron la autorización. Fueron más de 5 años que requirieron los abogados defensores del pueblo Cerro de San Pedro para demostrar ante los tribunales mexicanos, que el proyecto minero había sido autorizado en forma ilegal.

Fue el 1 de septiembre de 2004, cuando el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió la ejecutoria declarando que la autorización minera otorgada por la Semarnap a favor de Minera San Xavier, era violatoria de las leyes mexicanas, de las normas oficiales en materia ambiental y del Decreto de Ordenación y Desarrollo de los municipios de San Luis Potosí y de Cerro de San Pedro; motivo por el cual el Tribunal del Poder Judicial le ordenó al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cambiar los fallos inclinados a favor de la Minera San Xavier y emitir la resolución cumplimentadora nulificando la ilegal autorización minera, de esta forma el asunto fue concluido y desde esa fecha es cosa juzgada.

Inconforme por haber perdido su autorización, la Minera San Xavier interpuso un amparo consiguiendo el apoyo de los tribunales para el efecto de que fuera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autoridad que resolviera sobre la solicitud anulada, con el argumento de que “sólo así se respetaría el derecho de petición que había ejercido desde 1999 la mencionada minera”.

Así, con el resultado del amparo que tramitó Minera San Xavier, el 5 de octubre de 2005 el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió sentencia definitiva en el juicio 170/00-05-02-9/634/01-PL-05-04 resolviendo en esencia dos puntos fundamentales provenientes de la Ejecutoria N° D.A.24/2005-3011 del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que son:

1.- En definitiva, quedó comprobado que la autorización ecológica al proyecto de Minera San Xavier es violatoria de las leyes mexicanas, de sus normas oficiales y de los decretos correspondientes, por lo que ni en forma condicionada procede la autorización.
2.- Se ordenó a la Semarnat emitir respuesta a la solicitud del proyecto de Minera San Xavier, acatando lo antes resuelto.

No obstante lo anterior el entonces Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, Ricardo Juárez, emitió un nuevo oficio de autorización a favor del ilegal proyecto de Minera San Xavier a sabiendas de que violaba las leyes de nuestro país e incumplía las resoluciones de los más altos tribunales mexicanos.

Debido a estas irregularidades, Greenpeace y Pro San Luis Ecológico A.C., defensora del pueblo de Cerro de San Pedro, S.L.P., demandan que el gobierno de Felipe Calderón dé seguimiento a todas las denuncias y mantenga una lucha frontal para acabar con las mafias en materia ecológica, de otra forma, se provocará un daño irreversible en el medio ambiente con que contamos las presentes y futuras generaciones de esta nación.

Solicitamos del gobierno federal acción inmediata y decidida para proteger el patrimonio nacional y defender la credibilidad y confianza en los tribunales y autoridades ecológicas, a los cuales tanto daño han ocasionado funcionarios corruptos que sólo han buscado promover sus propios intereses.

 

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