Adriana Domínguez

De frente al Primer Informe de Gobierno de Felipe Calderón como Presidente de México, Greenpeace hace un balance general del medio ambiente en el país

MÉXICO, D.F; 31 agosto 2007.- En el primer informe de gobierno de Felipe Calderón no hay nada contundente para reportar en materia ambiental. Si bien hay grandes líneas programáticas, en los hechos la política ambiental está desdibujándose, señaló la organización ambientalista Greenpeace.

“A la vista tenemos programas mediáticos como el Proárbol, que no priorizan el apoyo a las comunidades forestales, o como la Estrategia Nacional de Cambio Climático, un documento que emite recomendaciones pero que no tiene coherencia global y que adolece del elemento principal para concretarlo: presupuesto. Es decir, hay muchas palabras, pero hay muy pocos hechos”, afirmó Patricia Arendar, directora de Greenpeace México.

A casi un año de gestión, los programas sectoriales no han sido publicados, por lo que continuamos sin saber si se buscará que haya congruencia entre las políticas ambientales y las económicas, es decir, si se está promoviendo que quienes planean la asignación de los recursos dejen de ver la protección del medio ambiente como un gasto cuando es una inversión y que tomen en cuenta los impactos ambientales y los beneficios que nos trae el conservar los ecosistemas.

“Lo que sí vemos es que lamentablemente, la Semarnat continúa ocupando un segundo plano en el gabinete, las prioridades las sigue dictando la Secretaría de Economía, todo esto mientras el deterioro del patrimonio natural de nuestro país continúa”, dijo Arendar.

El pequeño cambio que se ve en esta administración es que se han consolidado espacios de diálogo con la autoridad ambiental, pero persiste una gran dificultad para concretar y retomar las demandas de la sociedad civil en programas y políticas públicas. En gran parte, porque las consultas a la sociedad civil siguen siendo vistas como un mero trámite.

Este es un análisis por los temas de campaña de Greenpeace en lo que va de la presente administración:

BOSQUES

En materia forestal, se ha reforzado la vigilancia con la aplicación  del Programa Tolerancia Cero. Sin embargo, este programa se basa en la implementación de operativos “sorpresa” en algunas zonas críticas de tala que, si bien inhiben temporalmente la actividad de los talamontes, no resuelven el problema de manera permanente. Los resultados son insuficientes si se considera que cada año se producen entre 5 y 7 millones de metros cúbicos de madera ilegal y que lo que se decomisa no supera unas decenas de miles de metros cúbicos.

Por otro lado, resulta incomprensible que el gobierno federal, en lugar de proteger los bosques de nuestro país de manera efectiva, pretenda gastar este año más de 2 mil millones de pesos (56 por ciento del presupuesto del Proárbol) en plantar 250 millones de  árboles, cuando la Comisión Nacional Forestal indica que del total de árboles plantados sólo sobreviven 50 por ciento aproximadamente.

Para abatir la grave deforestación lo que se requiere es apoyar a las comunidades a través del Manejo Forestal Sustentable (MFS), que les permite conservar los bosques, evitar las emisiones de gases de efecto invernadero (causantes del cambio climático), controlar incendios, la tala ilegal, así como generar beneficios sociales y económicos para sus habitantes, al fortalecer las economías locales y contribuir al desarrollo rural.

CAMBIO CLIMÁTICO

El hecho de que este tema esté mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de que México cuente con una estrategia nacional es una señal de la preocupación que existe en torno a este problema ambiental. Sin embargo, además de diagnósticos y del reconocimiento del problema, hacen falta metas y objetivos claros, una asignación especial de recursos del PIB para enfrentar los impactos y para sustituir a los combustibles fósiles por energías renovables y una visión transversal de este tema, es decir, que la mitigación de los impactos del cambio climática sea un objetivo central de las políticas no sólo ambientales y energéticas, sino de desarrollo social, economía, agrícolas, de seguridad, de educación, de ordenamiento urbano, entre otras.

TRANSGÉNICOS

No se ha elaborado ninguna política pública con una perspectiva precautoria para el tema de la liberación de los organismos transgénicos. Por el contrario, es preocupante el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a la siembra en campo abierto de maíz transgénico, pues esto puede contaminar irreversiblemente las 60 razas de maíz nativo que existen en el país.

Siendo el maíz la base de nuestra alimentación, el gobierno mexicano debe pronunciarse por excluir la producción de etanol a partir de maíz de cualquier esquema de subsidios y por destinar los subsidios en soluciones más integrales de agricultura sustentable. Pero esto no ha ocurrido.

OCÉANOS

No hay una estrategia clara para combatir las principales amenazas para los océanos. Es muy grave que se le reste importancia a nuestros mares, cuando éstos equivalen al 60 por ciento de la superficie total del país (zona económica exclusiva).

De lo positivo en este tema se pueden mencionar dos aprobaciones de regulación, que en realidad vienen de atrás: la publicación de la norma 029, que garantiza la protección de ballenas, delfines y tortugas contra la pesca incidental producto de la pesquería de tiburón; y que no se vetara la reforma del artículo 60 bis de la Ley General de Vida Silvestre que aborda claramente la protección del manglar en nuestro país.
 
Es urgente que la actual administración proteja los recursos pesqueros que dan de comer a muchos mexicanos a fin de que no se agoten. Es necesaria una estrategia para conciliar a la pesca con el medio ambiente, ya que es la Sagarpa la que administra los recursos pesqueros y no la Semarnat.

PLAYAS

Se estableció como meta en el PND el saneamiento del 60 por ciento de las aguas residuales en México y se creó el Consejo Nacional de Playas Limpias, firmado por Semarnat, Salud, Cofepris, Secretaría de Marina y Profepa, para establecer la colaboración y coordinación interinstitucional en materia de protección, prevención de la contaminación, saneamiento integral y aprovechamiento y desarrollo sustentable de las playas en los destinos turísticos.

“Las decisiones que se tomen y que no se tomen en esta administración en materia de política ambiental tendrán un fuerte impacto durante décadas. Por eso, llamamos a no perder el tiempo, a pasar de las palabras a los hechos”, finalizó Arendar.

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