NO SANEARON PREDIO PARA LA CIUDADELA
08.29.07 - Leído 119 veces. Enviar esta notaMotorola no llevaba un registro del manejo de sus residuos peligrosos. Los vecinos de Jardines del Sol ya interpusieron dos amparos
GUADALAJARA, Jal; 29 agosto 2007.- La presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, afirmó ayer que cuando la empresa Motorola operaba en la colonia Jardines del Sol, hace unos diez años, debió haber entregado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe semestral sobre el manejo de sus residuos peligrosos, además de una bitácora de las entradas y salidas de los mismos. Sin embargo, la dependencia no posee ningún documento.
Explicó que en el informe semestral, la empresa debió haber informado a la Semarnat el tipo de sustancias peligrosas que manejaba, quién era su proveedor y a dónde se llevaban los residuos. Agregó que la existencia de los documentos tranquilizaría a los colonos porque sabrían que hubo un buen manejo de los residuos peligrosos: “Cuando solicitamos la información, resulta que no la tienen”.
Gutiérrez Nájera indicó que la Semarnat les respondió que los documentos los tenía la empresa, lo cual, dijo, es ilógico porque la dependencia federal era la encargada de regulación del manejo de los residuos antes de que entrara en vigor la nueva Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en 2001.
La ambientalista comentó que lo anterior les obligó a preguntarse con base en qué la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente pidió a la desarrolladora SSC Inmobiliaria el saneamiento del predio de once hectáreas que ocupaba Motorola, y en el que se pretende construir el proyecto La Ciudadela, que incluirá 500 departamentos y un centro comercial.
Agregó que la empresa Ecotec, que fue contratada por la inmobiliaria para que realizara el estudio del suelo del terreno, determinó la presencia de talio, pero no realizó el análisis de manera adecuada: “La remediación y el saneamiento sólo se hizo en 3 por ciento del terreno”.
Gutiérrez Nájera concluyó que el terreno no tiene las garantías en salud y habitabilidad para un proyecto como La Ciudadela. Destacó que si la desarrolladora está realizando un estudio de impacto ambiental, se debe exigir también que realice un estudio de riesgo sobre los residuos peligrosos.
Por otra parte, el presidente de la asociación vecinal de Jardines del Sol, Ludger Kellner, se quejó de que las autoridades no les han respondido; de que a la Semarnat ya se le venció el plazo de dos meses para contestar sobre la posible suspensión de la obra; y de que en la Sindicatura de Zapopan les han dicho que están con ellos y que no deben preocuparse, aunque, denunció, en realidad “no han hecho nada”.
Gutiérrez Nájera mencionó que ya se interpusieron dos amparos: uno ante el juez tercero de distrito y otro ante el quinto. Comentó que les están pidiendo que acreditan los daños a la salud para poder ordenar la clausura de la obra, por lo que ya trabajan en un estudio de los riesgos provocados por el talio.
Advirtió que llevarán también el caso ante la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio, luego de las faltas que han incurrido las autoridades mexicanas al no verificar el cumplimiento de la legislación ambiental.
CONCLUYÓ CASO CONTRA KELLNER
El presidente de la asociación vecinal de Jardines del Sol, Ludger Kellner, fue notificado el pasado 20 de julio, por el encargado de la Delegación Regional del Instituto Nacional de Migración (INM), Raúl Fajardo Trujillo, que se daba por concluido el proceso administrativo que se le abrió a raíz de una denuncia anónima que se interpuso en su contra, “al no advertirse […] hechos que pudieran constituir un delito que se señale en la Ley General de Población y su reglamento”, indica el oficio.
Los vecinos argumentaron que detrás de la notificación del INM estaban los empresarios del proyecto Ciudadela, el cual se está construyendo en un terreno aledaño a la colonia y al que los habitantes se han opuesto porque afectará su calidad de vida, además de que no cumple con todos los requisitos legales.
Kellner agregó que una vez que se logre detener la obra interpondrá un recurso legal en contra del INM, por haber aceptado una denuncia anónima, lo cual, dijo, va en contra del reglamento del propio instituto.
(Público)
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