Facturan 49 por ciento de líquido distribuido. Advierten de débil marco financiero en organismos municipales
 
MÉXICO, D.F; 28 agosto 2007.- La mayoría de los organismos operadores de agua en el país cuentan con recursos insuficientes para atender las necesidades de ampliación y mantenimiento de la infraestructura y para mejorar la calidad de los servicios que prestan.

La insuficiencia de fondos se deriva de una cada vez más limitada inversión federal y estatal en el sector, de candados políticos que impiden ajustar las tarifas para cubrir el costo real del abasto de agua y de la ineficiencia de los organismos para facturar y cobrar el consumo del líquido.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (CNA), únicamente 49 por ciento del agua que producen los organismos operadores del país es facturada; el resto se pierde en fugas, o bien, es entregada a los usuarios sin ser cobrada.

“Altos niveles de agua no facturada implican grandes pérdidas y afectan la viabilidad financiera de organismos operadores de agua, por la baja recaudación que genera y los altos costos que tiene distribuirla”, señala un diagnóstico de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

“La razón por la que no se han llevado a cabo los procesos necesarios para disminuir el agua no facturada es que el problema no radica sólo en la ineficiencia técnica, sino que también responde a que los organismos operan bajo un marco financiero y de incentivos débil”.

El artículo 115 de la Constitución establece que los municipios tendrán a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, y tratamiento y disposición de sus aguas residuales, y que podrán realizar cobros a los usuarios.

Las tarifas de agua potable son fijadas de manera distinta en cada municipio, dependiendo de lo que establece la legislación de cada entidad. En algunos casos son aprobadas por el Congreso local, mientras que en otros las aprueba el órgano de gobierno del organismo operador.

En general, las tarifas son distintas para los usuarios domésticos que para los comercios e industrias, y generalmente son progresivas, es decir, a mayor consumo de agua, el precio por metro cúbico es mayor.

Los organismos operadores recaudan alrededor de 22 mil millones de pesos al año -245 pesos por habitante del país con servicio de agua potable-, según datos de la CNA.

La capacidad de recaudación, sin embargo, es muy desigual entre los municipios. La eficiencia de cobranza en Mérida, Querétaro y Monterrey es de 100, 98 y 97 por ciento, respectivamente, mientras que en Pachuca y Villahermosa llega apenas a 57 por ciento.

En la baja recaudación de numerosos organismos operadores influyen diversos factores, que van desde tarifas por debajo de los costos de producción y distribución del agua, hasta falta de medidores e ineficiencia administrativa.

CUENTAS FEDERALES
La CNA recauda sólo 37 por ciento de los derechos por el aprovechamiento de aguas nacionales, y los organismos operadores estatales y municipales cobran 35 por ciento del líquido que surten.

En tanto, más de 10 millones de mexicanos carecen de agua potable en su casa y sólo se trata 30 por ciento de las aguas residuales municipales.

El crecimiento demográfico y el deterioro de la infraestructura existente exigen inversiones que se estiman en 50 mil millones de pesos anuales, y en 2006 se gastaron sólo 21 mil millones.

Según el reporte ‘Estadísticas del Agua 2007′, publicado por la CNA la semana pasada, ese organismo recaudó en 2006 mil 317 millones de pesos por concepto de cobros por suministro de agua en bloque a centros urbanos e industriales, de los cuales 97 por ciento correspondieron al Valle de México.
 
DEFIENDEN OPERACIÓN PRIVADA
La figura de “empresa mixta” en los sistemas municipales de agua puede ser una alternativa para eficientar la administración del líquido, aseguran operadores privados.

Alejandro Kohen, gerente de la empresa paramunicipal Aguas de Saltillo, afirma que ese organismo es autosuficiente y se encuentra en números negros.

“Somos una empresa autosuficiente y con rentabilidad, que paga derechos de agua y paga impuestos sobre sociedades, cuyo monto en el último año llegó a los 10 millones de pesos”, destaca en entrevista.

Aguas de Saltillo se creó en 2001 con inversión pública y privada. El 51 por ciento de las acciones son del municipio de Saltillo y 49 por ciento del operador internacional Grupo Aguas de Barcelona.

La empresa abastece a los 650 mil habitantes de la capital de Coahuila y al sector industrial, en el que destaca el ramo automotriz metal-mecánico.

Kohen explica que el ayuntamiento establece las pautas de lo que hay que hacer, y el operador privado decide cómo hacerlo.

Cuando arrancó el esquema, presume, se cobraba menos de 60 por ciento del agua, mientras que ahora se cobra 98 por ciento.

“Pasamos de 40 a 70 por ciento de eficiencia, un índice de los más altos del país y un nivel casi europeo”, sostiene.

Y además, subraya, el servicio sigue siendo accesible para los usuarios: 60 por ciento paga la tarifa de 34 pesos al mes.

La empresa reporta que opera actualmente con 2.2 empleados por cada mil tomas, uno de los índices más bajos del país.

EMPRESA PÚBLICA
Tomás Garza Guillén, director comercial del Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM), destaca que la empresa ha logrado algunos de los mejores índices a nivel nacional en materia de administración del líquido.

Creado en 1956 como institución pública descentralizada, el SADM brinda actualmente servicio de agua potable y drenaje a más de 3.5 millones de habitantes de Monterrey y su área metropolitana.

Según un reporte de Indicadores de Gestión, en 2006 facturó mil 228 millones de pesos por el consumo de usuarios domésticos, con una tarifa promedio de 6.61 pesos por metro cuadrado, y operó con 3.9 empleados por cada mil conexiones.

El mismo reporte indica que, en el primer trimestre de este año, la proporción de agua no contabilizada ni facturada fue de 29 por ciento.

Garza asegura que 100 por ciento de las aguas residuales generadas en el área metropolitana recibe tratamiento en las cuatro plantas que opera el SADM.

Destaca que, gracias a la promoción de la cultura de ahorro del agua, el consumo promedio mensual del usuario doméstico pasó de 18.82 metros cúbicos en 1997 a 17.40 metros cúbicos en 2006. El ahorro logrado equivale a 130 litros diarios.

A pesar del crecimiento de la población, de 48.9 por ciento en los últimos 11 años, apunta, el suministro sólo ha aumentado 12 por ciento.

RETRASA LA POLÍTICA ATENCIÓN DE REZAGO
Muchas de las decisiones relacionadas con la administración del agua siguen estando determinadas por criterios políticos coyunturales, lo que dificulta atender los rezagos y mejorar la calidad del servicio, reconocen organismos operadores del país.

“La modificación de tarifas y la creación de infraestructura es una labor delicada y compleja porque entra la parte política, que siempre retrasa o evita que se tomen las decisiones necesarias”, señala Francisco José Muñiz Pereyra, director del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable de San Luis Potosí (Interapas).

Emiliano Rodríguez, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Guanajuato, advierte que los organismos operadores en general se encuentran atrapados en un círculo vicioso de falta de recursos e ineficiencia.

“Es un problema estar batallando año con año con la autorización de las tarifas reales, con problemas de presión de sectores que buscan que no haya incrementos, aunque sean reales las necesidades”, reprocha.

La falta de tarifas acordes con los costos, y la consecuente falta de recursos para mejorar la infraestructura y administrar de manera eficiente el agua, remarca, impiden mejorar la calidad del servicio.

Por ello, considera, se requiere un marco regulatorio a nivel nacional que sustraiga al sector de los vaivenes políticos.

Francisco González, director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato, explica que algunos organismos están descentralizados del municipio y tratan de ser autosuficientes, aunque no siempre lo logran.

“Los organismos podemos cumplir con una eficiencia comercial y económica, pero elevar esas eficiencias implica una mejor labor de cobranza, tener tarifas sanas, políticas de atención al usuario, a fugas y a recuperación de caudales”, señala.

Y todo eso, admite, es muy difícil de lograr con periodos de gestión de alrededor de año y medio, en promedio, por los cambios de administración municipal y la tendencia a relevar a los responsables.
 
ADVIERTEN DE RETOS PARA ELEVAR INVERSIÓN
La insuficiente inversión en el sector no es sólo un problema de carencia de recursos, sino de eficiencia de las obras y distribución de costos, señalan organismos operadores locales.

Rigoberto Félix Díaz, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Sinaloa, indica que esa ciudad cuenta con una buena cobertura de servicios, pero carece de recursos para enfrentar el crecimiento de la demanda.

Además, lamenta, no siempre existen condiciones para hacer rentable el gasto.

“Nosotros cargamos con el costo de inversión, por ejemplo, en una planta de tratamiento de aguas residuales, cuya agua no es aprovechable, porque es una zona agrícola y tienen suficiente agua, o sea que el agua tratada se tira”, apunta.

Teresita Flota Alcocer, gerente del Organismo Operador Solidaridad, de Playa del Carmen, Quintana Roo, señala que ese municipio registra un acelerado crecimiento poblacional, de 3 por ciento anual, lo que obliga a ajustar constantemente los programas de inversión.

Y los recursos no alcanzan, explica, porque 80 por ciento de lo recaudado se destina a pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la energía para el bombeo.

“No es justo que le tengamos que quitar el agua a los habitantes porque en ciertos horarios la tarifa (eléctrica) se eleva”, reprocha.

En Quintana Roo, explica, el problema más apremiante es el saneamiento, ya que los ríos subterráneos interconectados hacen muy difícil dar tratamiento a las aguas residuales antes de que lleguen al mar.

(Reforma)

 

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