El gobierno de Brasil entregó grandes extensiones de los bosques tropicales en manos de empresas madereras que crearon asentamientos ficticios para eludir normas de defensa del medio ambiente, denunció ayer el grupo ecologista Greenpeace

RÍO DE JANEIRO, Brasil; 24 agosto 2007.- El gobierno de Brasil entregó grandes extensiones de los bosques tropicales en manos de empresas madereras que crearon asentamientos ficticios para eludir normas de defensa del medio ambiente, denunció ayer el grupo ecologista Greenpeace.

La organización dijo que tras una investigación de ocho meses encontró evidencias de que el gobierno alentó asociaciones entre taladores de árboles y colonos para cumplir con el objetivo del presidente Luiz Inacio Silva de asentar a 400 mil familias sin tierras para el final de su primer mandato, en el 2006.

“Esas áreas están siendo constantemente taladas y muchas fueron taladas antes de que se crearan los asentamientos, y eso es ilegal”, dijo Andre Muggiati, de Greenpeace, en una entrevista telefónica desde la ciudad selvática de Manaos.

Muggiati dijo que ignoraba cuántas hectáreas de bosques habían sido entregadas a empresas madereras a través de los declarados asentamientos, pues en muchos casos, los asentamientos existen sólo de nombre, y carecen de límites definidos o de mapas.

El activista de Greenpeace dijo que en muchos casos las empresas madereras informaron a la agencia de reforma agraria Incra en qué sitio debían establecer los asentamientos en el estado de Pará con el fin de eludir una ley de 1999 que prohíbe ubicar a campesinos sin tierras en bosques vírgenes. Para encubrir sus actividades, usaron un mecanismo de zonificación llamado Proyectos de Desarrollo Sustentable.

Esos proyectos fueron creados en 1997 para permitir que comunidades que ya vivían en los bosques tropicales continuaran allí, recolectando frutas y otros productos, con una tala limitada. Los proyectos fueron luego enmendados para permitir el establecimiento de comunidades que hubiesen demostrado una vocación para el desarrollo sustentable. Pero Muggiati dijo que las empresas madereras alteraron el espíritu de los proyectos al crear asociaciones ficticias de colonos.

El ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, que supervisa Incra, negó las acusaciones de Greenpeace.

Entre tanto, unas 30 mil mujeres campesinas realizaron ayer una marcha por la principal avenida de Brasilia, la capital del país, en la que le exigieron al presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, que atienda las reivindicaciones que vienen haciendo hace siete años.

Las participantes en la tercera edición de la llamada Marcha de las Margaritas ocuparon la explanada de los Ministerios, donde exigieron un mayor compromiso del gobierno brasileño con el combate a la pobreza y al hambre, y medidas para frenar la violencia contra la mujer.

(AP)

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