JUEZ FEDERAL SUSPENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “LA PAROTA”
08.22.07 - Leído 73 veces. Enviar esta notaAgustín Merlo
La suspensión se otorgó para evitar daños irreparables a los derechos constitucionales al ambiente sano, a la garantía de audiencia y legalidad a los comuneros
MÉXICO, D,F; 22 agosto 2007.- Después de varios años de lucha de la Comunidad Indígena de Bienes Comunales de Cacahuatepec en Acapulco, Guerrero, el 14 de agosto se logra un amparo de suspensión para el proyecto de la hidroeléctrica La Parota, emitido por la Juez del Juzgado Octavo en Materia Administrativa, con sede en Acapulco.
Xavier Martínez Esponda, Abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), afirmó “La suspensión de La Parata es un importante precedente en México, porque antepone la protección del medio ambiente a un proyecto de gran envergadura con una inversión de mil millones de dólares. De construirse la presa, se causarían graves e irreparables daños sobre la selva baja y mediana caducifolia, impactando a cientos de especies de flora y fauna, entre ellas, una rana endémica que se encuentra en peligro de extinción, de igual manera se afectaría la calidad y cantidad del agua del río Papagayo, afectando a las comunidades de la región”.
Mientras que Felipe Flores Hernández, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota comentó “El Gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), nunca nos han consultado, la Comisión Nacional del Agua (CNA), les otorga la concesión sin consultarnos, se apropian de nuestras tierras y ya basta, no queremos imposiciones y no estamos peleando el precio de la tierra, peleamos nuestra tierra, nuestra naturaleza, no queremos que se destruya nuestro medio ambiente con la inundación de 17 mil hectáreas, que afectarán a 5 municipios y sus habitantes diciendo que nos van a llevar desarrollo y las comunidades no reciben nada, porque un pueblo desplazado pierde sus orígenes y para nosotros la tierra es nuestra madre”.
Astrid Puentes Riaño, Directora Legal de la Asociación Internacional para la Defensa del Ambiente dijo “El fin del amparo es suspender definitivamente la presa, ya que de construirse los campesinos perderían sus tierras, al desplazarse se causarían daños sociales y ambientales, es un hecho que los proyectos implementados por la CFE no contemplan compensaciones e indemnizaciones justas, y cuando éstas ocurren, tiene lugar mucho tiempo después de la generación de los daños, estamos de acuerdo en que se construyan los proyectos, pero que se hagan conforme a los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, el mundo existen 40 millones de personas desplazadas por este tipo de proyectos sin compensaciones”.
En el amparo se demandan ocho autoridades, entre ellas al Presidente de la República, al Congreso Federal, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Federales, a la Comisión Federal de Electricidad.
Dentro del ampara se alega la inconstitucionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), y la Ley de Aguas Nacionales (LAN), porque en los procedimientos para otorgar las autorizaciones al proyectos, las comunidades no pudieron participar, violándose sus garantías individuales. Por otra parte, al emitir las autorizaciones de impacto ambiental y de concesión del río Papagayo, no se notifico a las comunidades a pesar de que con estas decisiones se afectarían sus tierras y sus derechos al agua sobre este río.
El precio que se pretende darles por sus tierras es de 90 centavos por metro cuadrado.
Enlaces Relacionados
