UN MES SIN JUSTICIA PARA ALDO ZAMORA
06.15.07 - Leído 90 veces. Enviar esta notaAgustín Merlo
Ante la ineficacia de las instancias estatales, organizaciones ambientales y de derechos humanos acuden a la federación y a organismos internacionales para exigir justicia y medidas cautelares
MÉXICO, D,F; 15 junio 2007.- Frente a la lentitud de las autoridades del Estado de México para hacer justicia en el asesinato de Aldo Zamora es necesaria la intervención del gobierno federal y de organismos internacionales, señalaron las organizaciones Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Greenpeace y familiares de Aldo.
Los operativos realizados en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) con gran despliegue de efectivos, han dado nulos resultados y siguen libres los talamontes responsables del ataque ocurrido el pasado 15 de mayo, en el que Aldo Zamora Gómez fue asesinado y su hermano Misael resultó herido. Ha pasado un mes, los agresores están plenamente identificados, y desde el pasado 24 de mayo se libraron las órdenes de aprehensión en su contra, ¿por qué no han sido detenidos?
“Lo único que han hecho las autoridades estatales son operativos espectaculares en los que, por supuesto, no han encontrado a los asesinos de mi hijo. Parece que, tal como nos lo dijo el procurador mexiquense, Abel Villicaña, la estrategia de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) depende más de la `suerte´ que de un trabajo profesional y eficiente de investigación e inteligencia.
Estamos desesperados porque no se nos hace justicia y por eso, para obtenerla vamos a acudir a autoridades federales y a organismos internacionales”, explicó Ildefonso Zamora Baldomero, presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo y padre de Aldo Zamora.
El indígena tlahuica, que ha denunciado la alarmante tala de los bosques de su comunidad desde 1998, explicó que continúan las amenazas y el hostigamiento por parte de integrantes de las bandas de talamontes, a pesar de la presencia de policías estatales frente a su casa. A pesar ello, Ildefonso teme por su seguridad, la de su familia y la de los demás integrantes de la comunidad que han trabajado en la defensa de sus bosques.
Ildefonso Zamora, el Centro Prodh y Greenpeace acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Procuraduría General de la República (PGR) para que se haga justicia y se detenga a los homicidas de su hijo Aldo y para que se proteja de forma efectiva a la familia Zamora Gómez y a los comuneros involucrados en la defensa del bosque, y se actúe para acabar con la tala ilegal en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala (PNLZ) y sus linderos.
“Las amenazas y el hostigamiento en contra de Ildefonso Zamora y su familia han sido constantes durante años y se agudizaron a partir de 2004, materializándose con el asesinato de su hijo Aldo Zamora. A la fecha no se han tomado medidas serias y efectivas para garantizar la seguridad de la familia Zamora y otros comuneros que trabajan en la defensa de los bosques de San Juan Atzingo.
Estamos seriamente preocupados por su integridad. Por ello, hemos acudido a la CIDH para que le solicite al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares a fin de que se garantice su vida y su seguridad. Asimismo, hemos pedido a la Comisión que como parte de estas medidas, el Estado ejecute a la brevedad las cuatro órdenes de aprehensión libradas contra los homicidas e informar sobre los avances de la investigación”, explicó Luisa Pérez, abogada del Centro Prodh.
Las medidas cautelares que se solicitan a la CIDH son:
Que se lleve a cabo una investigación pronta y efectiva que permita identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del homicidio de Aldo Zamora Gómez.
Que en diálogo y consulta con los beneficiarios se adopten las medidas necesarias para resguardar la integridad de la familia de Ildefonso Zamora, por la condición de vulnerabilidad en que se encuentra.
Que en diálogo y consulta con los beneficiarios se adopten las medidas necesarias para resguardar la integridad física y psicológica de los otros comuneros, en particular Paulino Neri Carlos, suplente de Ildelfonso Zamora; Nicolás Hernández Alberto, secretario de bienes comunales, y Alejandro Ramírez Raymundo, tesorero de bienes comunales y jefe del consejo supremo tlahuica, así como de sus respectivas familias.
Luisa Pérez señaló que las medidas cautelares son otorgadas por la CIDH para evitar daños irreparables a las personas, en casos de gravedad y de urgencia; por ejemplo, en situaciones como la que enfrentan la familia Zamora Gómez y los comuneros de Ocuilan.
Por su parte, Greenpeace explicó que a raíz de una carta enviada al titular de la PGR, Eduardo Medina Mora denunciando los hechos del 15 de mayo pasado, la procuraduría dio inicio a la averiguación previa 82/UEIDAPLE/DA/22/2007 por homicidio, lesiones y tala de recursos forestales maderables en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala.
Esta denuncia fue turnada a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, donde se atenderá lo referente a la tala ilegal. La denuncia fue ratificada por los ambientalistas el pasado 1 de junio, a partir de entonces el ministerio público inició las averiguaciones y actos conducentes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Asimismo, Geard Leopold, director ejecutivo de Greenpeace Internacional envió una carta al presidente de México, Felipe Calderón solicitándole se actúe de manera inmediata para detener a los asesinos de Aldo, se proteja a la familia Zamora Baldomero y la de los comuneros de San Juan Atzingo, y se detenga la tala ilegal en los bosques de la región.
De igual manera, al menos 15 oficinas de Greenpeace en Holanda, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Finlandia, Italia, Suecia, Suiza, Australia, China, Nueva Zelanda, Argentina y Canadá enviaron cartas a las embajadas de México en sus países. Además seis mil 269 ciudadanos mexicanos le han exigido a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y al procurador mexiquense Abel Villicaña, que hagan justicia en este caso.
“No dejaremos de exigir a los responsables de la impartición de justicia en el Estado de México que den resultados concretos, ya nos hemos entrevistado con las autoridades y demandamos de ellas justicia pronta y expedita. Por otra parte, el tema de la tala en la región es complejo y no se va a resolver con operativos `sorpresa´.
Esta problemática involucra al menos a los estados de México y Morelos ya que la madera obtenida ilegalmente en Zempoala es transportada a Huitzilac, Morelos, para su almacenamiento, transformación y comercialización. Es urgente y necesario que el gobierno federal encabece las acciones para poner fin al problema de la tala ilegal en Zempoala”, explicó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
A esta demanda de justicia se unió Rodolfo Montiel, campesino ecologista que en el año 2000 fue perseguido y encarcelado por su trabajo contra la tala depredadora en los bosques de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. Montiel envió una carta al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y en un párrafo dice: “Sr. Presidente, yo quiero pedirle a usted ahora que está en sus manos haga algo en favor de todos los ecologistas del país así como también nos brinde protección y seguridad a todos los ecologistas y a nuestras familias, que sean llevados a juicio los asesinos de Aldo Zamora”. (Se adjunta original de la carta)
Los bosques de San Juan Atzingo forman parte del PNLZ y se encuentran dentro del Gran Bosque de Agua, el cual alberga dos por ciento de la biodiversidad mundial, abastece tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México, dota de agua a los ríos Lerma y Balsas, ayuda a mitigar el Cambio Climático y sus impactos en la región. Sin embargo, la región de las Lagunas de Zempoala- Hutzilac es considerada como una de las 15 zonas críticas de tala ilegal en México, las cuales en conjunto albergan el 60 por ciento de esta actividad en nuestro país.
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