BANCO MUNDIAL, UNIDAD PARA MÉXICO Y COLOMBIA
05.11.07 - Leído 152 veces. Enviar esta notakarla Rodríguez
El manejo comunitario de los bosques combate la pobreza, controla la deforestación y facilita la gobernabilidad en las zonas marginadas
MÉXICO, DF 11 mayo 2007.- El manejo comunitario de bosques en México se ha convertido en un referente internacional, porque permite proteger estos recursos naturales de manera efectiva, ha contribuido a generar ingresos que ayudan a aliviar la pobreza y favorece la gobernabilidad local, revela un estudio presentado hoy por el Banco Mundial.
El documento Nueva evidencia de que los bosques comunitarios de México protegen el ambiente, disminuyen la pobreza y promueven la paz social reporta resultados de investigaciones de más de cinco años conducidas por académicos mexicanos y estadounidenses, y pone en evidencia que cuando las comunidades y ejidos reciben apoyos gubernamentales adecuados, manejan sus bosques de forma sostenible y los usan para generar ingresos.
“Como a menudo reporta la prensa, un porcentaje importante de los bosques del país han sido degradados y destruidos. Sin embargo, en algunas regiones de México el manejo forestal comunitario permite tener bosques que no sólo se conservan, sino que generan beneficios económicos y sociales, convirtiéndose en un motor de desarrollo en muchas zonas rurales, donde habitan las comunidades más pobres”, dijo Gerardo Segura, especialista en desarrollo rural del Banco Mundial.
El manejo forestal comunitario se refiere a las actividades colectivas que llevan a cabo ejidos y comunidades indígenas para aprovechar, de manera ecológica, económica y socialmente sustentable, los recursos forestales de propiedad común. En los estudios reportados en el documento se hace por primera vez un estimado de los ejidos y comunidades que cuentan con permisos del Gobierno para producir madera con fines comerciales, mismos que ascienden a 2 mil 300. Un 75% de éstas se concentra en Durango, Michoacán, Chihuahua, México, Oaxaca Puebla, Jalisco, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo.
El área total vinculada a estos permisos que se autorizan anualmente por el Gobierno para el aprovechamiento forestal es de casi 2.8 millones de hectáreas y representa un total cercano a los 10 millones de metros cúbicos. Entre las conclusiones del documento destacan las siguientes:
Bajo condiciones adecuadas, las comunidades pueden controlar la deforestación y conservar la biodiversidad igual o de una manera aún más efectiva que en las Áreas Nacionales Protegidas.
El aprovechamiento comunitario de madera, en especial si incluye algún procesamiento secundario que le dé valor agregado, permite generar empleo e ingresos que contribuyen de manera importante a combatir la pobreza rural de muchas regiones del país.
El manejo forestal comunitario puede contribuir a la reducción de conflictos sociales en las regiones forestales del país. Existe una correlación positiva entre el nivel de organización de las comunidades para aprovechar el bosque (capital social), el beneficio económico que se obtiene de éste, y la disminución o prevención de la violencia social. La evidencia se obtuvo comparando experiencias en las comunidades las cuencas de Tecpan y Coyuquilla, en Guerrero.
La asistencia gubernamental sectorial ha sido una constante en casos exitosos de manejo forestal comunitario. Ejemplos de esto son los programas PROCYMAF Y COINBIO del gobierno federal, que reciben financiamiento del Banco Mundial, y el Programa de Desarrollo Forestal.
La experiencia forestal mexicana ha ganado reconocimiento internacional, por lo que funcionarios de China e India han visto en el país un posible ejemplo a seguir. Además, el Banco Mundial ha identificado al manejo forestal comunitario de México como un referente importante que sirve como modelo para el diseño de políticas y programas de atención sectorial en muchos otros países del mundo.
“Consideramos el manejo comunitario de bosques como un excelente ejemplo de desarrollo sustentable. Esperamos seguir apoyando al gobierno en sus esfuerzos por mejorar y ampliar programas como PROCYMAF”, dijo Daniel Boyce, representante interino del Banco Mundial para México.
A partir de las conclusiones del estudio, sus autores sugieren crear y fortalecer sistemas de información sobre el sector forestal comunitario para mejorar la toma de decisiones gubernamentales; fortalecer los programas oficiales de atención a los silvicultores comunitarios, a fin de mejorar sus capacidades técnicas y de organización; y focalizar dichos programas para atender necesidades específicas de empresas forestales comunitarias con diferentes niveles de integración vertical.
Asimismo, sugieren ampliar la cobertura de los programas de servicios ambientales, enfocándolos a crear experiencias locales que generen esquemas de cobro y pago más sustentables a largo plazo; apoyar el desarrollo de mercados para los productos forestales comunitarios; promover la “certificación verde” como una herramienta del comercio justo y ambientalmente sustentable; y promover los usos alternativos del bosque con productos forestales no maderables (fibras, plantas medicinales, resinas, etc.) y servicios como el ecoturismo. El estudio fue elaborado con el apoyo del gobierno de México, la Fundación Ford, la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, la Fundación Tinker y el Banco Mundial, como parte de las actividades del programa PROCYMAF.
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