Realizan excavación para conectar el estero San José con el mar, Construyen complejo turístico sobre reserva ecológica

MÉXICO, Mérida y San José del Cabo, 7 mayo, 2007.- Los Cabos y Puerto Peñasco, Baja California Sur, están en riesgo debido a la construccción de desarrollos turísticos sobre una reserva ecológica, denunció Alejandro Olivera, coordinador de campaña de Océanos de Greenpeace México.

En la zona, detalló, se excavará un gran diámetro de tierra para llenarlo con agua salada y conectarla al mar, con lo cual contaminarán el estero de San José, único proveedor natural de agua dulce en la región.

Además, construyen un camino exclusivo para ingresar a la zona hotelera sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad, aseguró Olivera.

Por ello, el activista culpó al gobierno estatal y municipal de autorizar las edificaciones, a pesar de que no cuentan con licencias ni estudios de desarrollo urbano y ambiental.

La infraestructura de puerto Los Cabos, informó Olivera, forma parte del megaporyecto Escalera Náutica y sus principales inversionistas son Ernesto Coppel Kelly, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, y Eduardo Sánchez Navarro, líder de Grupo Questro.

Por ello, la semana pasada la organización ecologista presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente contra el proyecto puerto Los Cabos y el ayuntamiento por el daño ocasionado.

Sin embargo, la denuncia se suma a otros 11 procedimientos contra el consorcio.

El megaproyecto turístico Puerto Los Cabos en Baja California Sur amenaza el abasto de agua de la región de San José del Cabo y la principal fuente de agua dulce de la zona.

Grupo Questro, el mayor desarrollador de Los Cabos, ha construido los conjuntos Cabo Real, El Dorado y Campestre San José, que incluyen hoteles, condominios, residencias, áreas comerciales y campos de golf, de acuerdo con información emitida por Greenpeace México en su portal de internet.

El proyecto Escalera Náutica abarca 16 puntos a lo largo de toda la península de Baja California, donde se tiene contemplado el desarrollo de puertos, remodelación de infraestructura con una inversión de aproximadamente 800 millones de dólares.

Arrancan campaña

Ante la respuesta de las autoridades, organizaciones ambientalistas iniciaron una campaña internacional contra el ayuntamiento de Los Cabos y su presidente municiapal, Luis Armando Díaz, a quien Greenpeace acusa de “depredador” por haber dado autorizaciones de construcción a desarrollos turísticos en zonas de reserva natural y protegidas.

Raúl Estrada, uno de los voceros del organismo internacional en México, informó que en los estados del país y en varios puntos del extranjero se está promoviendo una campaña de información para dar a conocer las irregularidades del “depredador”, como llaman al presidente municipal de Los Cabos.

En los informes impresos, que aseguró incluso se lanzaron vía aérea a la población en esa entidad, la organización manifestó que Luis Armando Díaz “viola la ley al permitir que se construya la marina de Puerto Los Cabos sobre la zona de reserva ecológica que corresponde al estero San José y al construir la avenida Centenario, la cual invade el estero, para facilitar el acceso a ese desarrollo sin pasar por el centro de San José del Cabo.

“Este camino se disfraza ante la población como una alternativa de desahogo al tránsito vehicular. Sin embargo, su construcción tuvo un costo de 61 millones 473 mil 922 pesos, a 47 mil pesos el metro lineal y la única verdad es que la avenida sólo favorece a Puerto Los Cabos”, dijo al respecto Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos de Greenpeace México.

“A pesar de que el ayuntamiento no cuenta con autorización en materia de evaluación del impacto ambiental por parte de la Semarnat para autorizar la construcción del camino y tampoco tiene concesión alguna por parte de la Conagua para hacer uso del agua del estero y encausar el arroyo; ha permitido que los trabajos continúen impactando fuertemente el estero, rellenándolo y desecándolo”, subrayó.

Además, Estrada dijo que ya hay denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por el daño al estero y, de acuerdo con el Código Penal Federal, éste es un delito que se pena hasta con 10 años de cárcel y los responsables están obligados a pagar una elevada multa, así como restablecer las condiciones que tenía el estero antes de ser afectado.

(Milenio)

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