BIOCOMBUSTIBLES O CONSUMO HUMANO, DILEMA ACERCA DEL MAÍZ
02.5.07 - Leído 137 veces. Enviar esta notaAnte el alza en el precio del grano, los gobiernos deberán decidir qué uso le darán. La crisis también agudiza el debate en torno a la siembra de semillas transgénicas
MÉXICO, D.F., 4 febrero 2007.- Catalizador de la autosuficiencia alimentaria, icono de identidad y cultura, utilizado en ceremonias indígenas como grano sagrado, el maíz ¬que desde el siglo XVIII es cultivado en casi todo el mundo¬ es parte en este milenio de un debate que llevará a los gobiernos del mundo a definir si amplían las siembras en sus territorios para salvaguardar la alimentación de sus pueblos o lo utilizan en la elaboración de biocombustibles.
Identificado ya por productores e industriales como el oro amarrillo, a partir del intempestivo incremento de su precio en los mercados internacionales, el debate en torno del maíz en México se sitúa además en la admisión del inicio de las siembras experimentales con transgénicos BT, comercializados por Monsanto, y que planea iniciar las plantaciones en dos años, o en la ampliación de la frontera agrícola sólo con semillas criollas.
La polémica crece debido a que a partir del año 2008 concluirá el proceso de desgravación arancelaria para las importaciones del grano proveniente de Estados Unidos y Canadá, y los productores prevén que eso será “la puntilla” para la agricultura en el país.
En el pasado quinquenio se destinaron 8 millones de hectáreas a la siembra del grano, cuya producción promedio anual en territorio nacional fue de 20.2 millones de toneladas, con un valor promedio anual estimado en 28 millones de pesos. Antes de la “crisis” generada por el aumento al precio de la tortilla, las autoridades del sector agropecuario estimaban que la producción mantendría una tendencia ascendente en los próximos cuatro años para llegar a los 21.8 millones de toneladas, con un rendimiento ponderado de 2.65 toneladas por hectárea en las zonas de temporal y de 5.5 toneladas en las de riego.
La solución
Frente a la “crisis”, que el gobierno cree que terminará en abril, algunos productores agropecuarios, trasnacionales y varios científicos aseguran que “la solución es cultivar maíz transgénico” y, de facto, pretenden borrar de la memoria social la controversia desatada ante la confirmación de que en Oaxaca la semilla modificada contaminó a la criolla.
Mientras, directivos de Monsanto ¬la principal comercializadora de transgénicos en el mundo¬ aceptan que seguirán esperando “pacientemente” a que el gobierno mexicano autorice la siembra de sus semillas.
En 1997, trasnacionales hicieron dos pruebas experimentales de maíz transgénico, pero ante la realidad de que el país es centro de origen del grano y la posibilidad de que la investigación a cielo abierto pudiera contaminar las especies criollas, la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola ¬que en aquel momento se encargaba de regular el tema¬ estableció en febrero de 1999 la moratoria en el cultivo de la semilla genéticamente modificada.
Dos años más tarde, los investigadores de la Universidad de Berkeley, Ignacio Chapela y David Quist, encontraron en los cultivos criollos de la sierra Juárez de Oaxaca la presencia de rasgos de transgénicos. Esto abrió la puerta no sólo al debate en torno a la forma en que llegaron esos materiales a las siembras tradicionales, a la responsabilidad de las empresas, sino también a que diversos científicos descalificaran el trabajo de los expertos, a pesar de que los resultados de su investigación posteriormente fueron corroborados por estudios del Instituto Nacional de Ecología y de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El caso llegó a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN), organismo creado por los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que 21 comunidades indígenas de Oaxaca y organizaciones ambientalistas presentaron la solicitud. La comisión realizó el informe Maíz y biodiversidad, efectos del maíz transgénico, cuyo costo fue de 500 mil dólares, hasta la fecha el más caro que ha realizado en sus 13 años de vida. En el estudio participaron 16 expertos de México, Estados Unidos y Canadá y su elaboración tardó alrededor de dos años.
En agosto de 2004, el organismo trinacional presentó una serie de recomendaciones, hasta ahora ignoradas por el gobierno mexicano, y advirtió que el maíz importado de Estados Unidos por Diconsa era “la principal fuente de transgenes presentes en los maíces criollos”, pues del total del volumen adquirido una tercera parte es transgénico y los campesinos, sin conocer el riesgo, utilizaron los granos para cultivarlos.
Por ello, recomendó al gobierno fortalecer la moratoria al cultivo comercial de maíz transgénico y propuso moler el grano antes de su ingreso al país para minimizar el riesgo de contaminación ante las importaciones; que las dependencias reguladoras de los tres países formularan y pusieran en práctica mejores métodos para detectar y monitorear la propagación de transgenes, y preservar las razas locales de maíz mexicano y teocintle.
Ante el flujo de materiales transgénicos hacia cultivos tradicionales, Eduardo Pérez Pico, director de Tecnologías de Monsanto, indica que se tendrán que establecer las reglas del juego y “no vamos a investigar a todos los labriegos en cuyos campos pudo haber fluido el gen, sin embargo, se debe aplicar la ley”.
Ese mismo año el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, conocida como ley Monsanto, ya que varios de sus artículos fueron redactados por científicos como Francisco Bolívar Zapata, en favor del desarrollo de semillas transgénicas.
En ella se estableció que para el cultivo experimental se debía definir el “régimen especial de maíz”, así como delimitar los centros de origen, con el fin de que éstos no fueran “contaminados” con transgénicos.
Monsanto, al asecho
Cuando en 2005 Monsanto presentó solicitudes para cultivar experimentalmente el grano en campos del Instituto Nacional de Investigaciones, Forestales, Agrícolas y Pecuarias, al amparo del Proyecto Maestro de Maíz, aún no se habían definido los requisitos establecidos por la ley de bioseguridad, por lo cual aquellas fueron canceladas.
Monsanto no quedó conforme y junto con Dupont-Pionner presentó nuevas solicitudes en 2006. Todo apuntaba que no habría más obstáculos, pues estaba previsto que el último día de la gestión foxista obtuvieran las autorizaciones, lo cual no se logró por la intervención de las secretarias de Agricultura (Sagarpa) y Medio Ambiente (Semarnat).
A finales de noviembre se publicó en el Diario Oficial un “régimen especial de maíz”, acompañado de un documento que contenía los centros de origen, pese a que la Comisión Nacional de Biodiversidad y el Instituto Nacional de Ecología rechazaron esa texto, pues sus estudios demostraban que en todo el país hay maíz criollo.
Al inicio de este año, el tema de la siembra de maíz transgénico vuelve a la palestra debido al incremento internacional del precio de la semilla, la presunta falta del grano en el país, la baja de la oferta en el ámbito mundial e incremento de su uso en la producción de etanol (biocombustible), y se le apuntala no sólo como el factor de solución para alimentar al ganado sino como la gran oportunidad para que México satisfaga sus necesidades de energía e inclusive puede exportarlo.
Sin embargo, expertos alertan sobre el riesgo de que esta producción sea utilizada para consumo humano, ya que la experiencia en las importaciones del grano estadunidense indica que, al menos, la tercera parte de éstas son de maíz modificado.
Frente al auge de los biocombustibles, la Semarnat ha afirmado que los agrocombustibles traen consigo beneficios ambientales, sociales, económicos e incluso de seguridad energética. Estima que el potencial en bioenergéticos representa entre 54 y 81 por ciento de la oferta interna de energía primaria y de ésta el 26 por ciento derivaría de agrocombustibles.
El titular de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, se ha manifestado en favor del uso de avances tecnológicos y de la aplicación de la ley de bioseguridad; pero su acción, afirma, estará sujeta a la postura de la 60 Legislatura y si ésta dice “no a la biotecnología, no daremos pasos adelante hasta que haya una nueva indicación”.
(La Jornada)
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