DICTAMINARÁN DIPUTADOS LEGALIDAD DE TARIFA POR SANEAMIENTO
12.13.06 - Leído 152 veces. Enviar esta notaSe recordó que la empresa Agsal anunció que para 2007 contempla aumentar en 47 por ciento las tarifas por la prestación del servicio de agua potable. De ese índice, un 35 por ciento se destinaría para el saneamiento de aguas residuales y 12 por ciento, para asegurar la reposición de tomas domiciliarias
SALTILLO, Coahuila; 13 Diciembre 2006.- El Congreso del Estado analizará y dictaminará sobre la legalidad del proyecto de Aguas de Saltillo de aumentar en 47 por ciento las tarifas por la prestación del servicio de agua potable, por la controversia que generó.
Las comisiones unidas de Finanzas y Asuntos Municipales del Poder Legislativo verificarán si los aumentos en las tarifas que pretende aplicar la paramunicipal son legales o no, ya que se requiere de un estudio a fondo, no sólo de los aspectos legales, de los técnicos y los materiales.
Lo anterior se llevará a cabo con base en los puntos de acuerdo que al respecto presentaron los diputados del PAN y PVEM Silvia Guadalupe Garza Galván y Refugio Sandoval Rodríguez, respectivamente, ante el Congreso del Estado.
Se recordó que la empresa Agsal anunció que para 2007 contempla aumentar en 47 por ciento las tarifas por la prestación del servicio de agua potable en Saltillo.
De ese índice, un 35 por ciento se destinaría para el saneamiento de aguas residuales y el resto, es decir 12 por ciento, para asegurar la reposición de tomas domiciliarias.
La diputada Garza Galván consideró que sale a relucir el viejo problema que denunció ante el Poder Legislativo, de que urgía definir y armonizar el marco legal referente a los cobros por los servicios de agua potable y las facultades que poseen los gerentes o administradores de dichos organismos, quienes en muchos casos determinan de manera discrecional, y a veces hasta “brincando” a los ayuntamientos, incrementos de tarifas contraviniendo la Constitución y ordenamientos como el Código Financiero.
“No es posible que en un mismo estado —añadió—, con leyes que regulan a todos los municipios por igual, estemos viendo tantas discrepancias y claroscuros en el manejo del agua.
“Todo esto sin revisar adecuadamente el marco jurídico existente, los propios contratos entre Agsal y el Municipio, las facultades de la misma empresa, y las justificaciones legales financieras y fiscales con que pretende aplicar ese nuevo golpe a los usuarios saltillenses”, se quejó la diputada panista.
Es de resaltar que el Artículo 155 Constitucional es muy claro al señalar en su fracción III que: “Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
(Vanguardia)
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