SUBSIDIOS Y DIGNIDAD
11.27.06 - Leído 97 veces. Enviar esta notaOpinión de Gabriel Quadri de la Torre
El gobierno mexicano destina casi 47 mil millones de pesos anuales a subsidiar combustibles automotrices y diesel marino para embarcaciones pesqueras. Aplica también montos obscenos en subsidios a las tarifas eléctricas para bombeo de aguas subterráneas…
Estas subvenciones a los precios de los energéticos se otorgan de manera generalizada, y muchos políticos abogan por más, ya que los consideran herramienta idónea de justicia social, o cínicamente, como oferta seductora para electores incautos. Al actuar a través de los precios, los subsidios tienen un efecto doble: a) en el ingreso real de los beneficiarios, y, b) en la demanda de los energéticos.
La motivación de quienes emprenden acciones colectivas para lograr subsidios no es aumentar su productividad (lo que beneficiaría a todos), sino lograr la extracción de rentas al Estado. La lógica de los funcionarios que los otorgan es (hablando desde una elemental Public Choice), perseguir racionalmente sus propios intereses y agendas, aunque estos no se alineen con los intereses nacionales. Una vez concedidos, es muy difícil remover subsidios, ya que con ellos se crean coaliciones dispuestas a resistir hasta donde sea necesario para mantener privilegios; la acción colectiva así, es rentable (lo vemos en Oaxaca). Se crean cada vez más rigideces en la economía, se imponen candados de gasto, y se cierra más una camisa de fuerza sobre el Estado. Sin embargo, los subsidios pueden explicarse como imperativos de redistribución del ingreso a grupos vulnerables, pobres o en desventaja. Siendo este razonamiento frecuentemente justificable, los subsidios son el instrumento equivocado. En efecto, la manera más eficiente y transparente de aplicar políticas de redistribución del ingreso es a través de impuestos negativos (como los sugeridos por Milton Friedman); o sea, pagos directos o vouchers de servicios a quienes se desee favorecer.
Aparentemente el gobierno desea favorecer a los automovilistas con subsidios a la gasolina, a los pescadores con subsidios al diesel, y a los agricultores con subsidios a la electricidad. Hablando de gasolina, los mayores beneficios del subsidio recaen en quienes consumen más (obviamente), en conductores de vehículos grandes y pesados, de gran cilindrada: entre menos kilómetros por litro rinda un vehículo, mejor, mayor será el subsidio apropiable. Siendo este el objetivo revelado del gobierno, y olvidándonos de si es moral y razonable, consideraciones de eficiencia, honestidad económica y de rendición de cuentas, aconsejarían que la subvención se entregara en efectivo: un cheque mensual para cada automovilista, que (siguiendo la lógica inherente del subsidio actual) sería más jugoso para los dueños de Hummers, Explorers, Expeditions, Suburbans, y Armadas. Magnifico. Con respecto al diesel marino, concediendo que hubiera razones poderosas y rotundas para transferir ingreso a los pescadores, y con la misma lógica, lo más recomendable sería un cheque mensual para cada dueño de barco pesquero, más cuantioso para los camaroneros de arrastre (seamos comprensivos, arrasar el fondo marino requiere de un alto consumo de combustible). Siguiendo con el ejercicio, los agricultores que consumen más agua y sobreexplotan más los acuíferos subterráneos recibirían un cheque de mayor denominación. Estupendo, aunque de ética dudosa. Este ejercicio sólo intenta llamar la atención sobre la aberrante sinrazón social de los subsidios a los energéticos tal como se otorgan en nuestro país, y que gustan tanto a la izquierda: los más ricos son quienes más se benefician de ellos. Todo esto, sin contar el costo fiscal ni el costo de oportunidad, por ejemplo, de los 47 mil millones de pesos anuales, potencialmente utilizables en infraestructura, educación, salud, seguridad, y medio ambiente.
La perversión no termina aquí, en los efectos sobre el ingreso. Recordemos que los subsidios alteran el sistema de precios, y por tanto, la demanda de los energéticos. Los hacen más baratos, esconden sus costos sociales y ambientales, y dan señales manifiestas a largo plazo hacia la ineficiencia y el dispendio. Esto influye no sólo en las conductas cotidianas de los consumidores, sino en las tecnologías seleccionadas y en la dinámica de explotación de recursos naturales: cada vez más monstruosas camionetas SUV´s, cada vez mayor esfuerzo pesquero y saqueo de ecosistemas marinos, más emisiones de gases de efecto invernadero, más contaminación, agotamiento más rápido de los acuíferos subterráneos. ¿Es verdad todo esto? ¿Porqué se mantienen los subsidios? ¿Con qué tipo de racionalidad pública operamos?
Si políticamente es por ahora impensable retirar los subsidios y asumir la vigencia de precios reales, ¿porqué no transformarlos en pagos directos para no desatar la ira de los grupos de interés beneficiados? Así, al menos nos ahorraríamos las perversiones ambientales, manteniendo sólo las aberraciones fiscales, sociales y morales de los subsidios. Curiosamente, como los receptores de subsidios se verían descubiertos y desnudos bajo la luz pública, la transparencia de un esquema de este tipo lo haría bochornoso y tal vez inaceptable. En el fondo, los propietarios de SUV´s, (también los otros), tienen dignidad.
(El Economista)
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