Sobre el secretario Juan Elvira, Greenpeace considera que habrá interlocución y diálogo con las organizaciones y da su voto de confianza para que este diálogo se transforme en voluntad política y medidas reales para detener el deterioro ambiental

CIUDAD DE MÉXICO; 24 Noviembre 2006.- El gabinete presentado por el presidente electo Felipe Calderón permite prever que prevalecerán los conflictos de visión entre dependencias y que el medio ambiente no recibirá la atención prioritaria que requiere, señaló la organización ambientalista Greenpeace México.

“Mientras en la Secretaría de Medio Ambiente se designa a Juan Elvira, que durante la gestión que llega a su fin fue de los escasos funcionarios con conocimiento y sensibilidad sobre la problemática ambiental y con disposición al diálogo con las organizaciones, en la Secretaría de Agricultura se designa a Alberto Cárdenas, abierto promotor de los transgénicos, de los intereses turísticos a costa de ecosistemas como el manglar, de empresas sucias a costa de los recursos naturales y de las comunidades como el caso de Minera San Xavier, y del desmantelamiento técnico y “empanizamiento” de la Secretaría. Para completar el cuadro, en la Secretaría de Turismo se deja a Rodolfo Elizondo, quien se ha dedicado a promover megadesarrollos turísticos en zonas frágiles, con escasos recursos y a costa de los manglares y de la ley.

Mientras Elvira puede ser una buena señal, otros funcionarios son señales de alarma y de continuidad, es decir, de que detener la destrucción de los ecosistemas no será una prioridad”, afirmó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.

Hay dos temas fundamentales que para Greenpeace es urgente analizar en el contexto del gabinete presentado y de lo que en el discurso ha enfatizado el futuro presidente:
 
a) La relación entre pobreza y medio ambiente. En su discurso de hoy y en otras ocasiones, el licenciado Felipe Calderón ha señalado que el “deterioro ambiental está  directamente asociado a la miseria, a la falta de ingreso digno, especialmente en las comunidades indígenas y campesinas”. Esto es correcto, pero sólo en un sentido: el daño ambiental si bien es generalizado, afecta más a los pobres dado que ellos dependen de manera más directa de los recursos naturales. Son ellos quienes viven en los bosques, en el campo, en zonas vulnerables y en las costas. Si los ecosistemas se degradan, ellos pasan de pobres a pobres y damnificados ambientales. Sin embargo, el deterioro ambiental en nuestro país está fundamentalmente vinculado a las leyes laxas y su mala aplicación, a la no responsabilidad de las empresas, a la visión de corto plazo, a que se privilegian los intereses particulares, a que se ha seguido un modelo de desarrollo basado en la industria sucia, a que no se toma en consideración el estado de los ecosistemas antes aprobar proyectos de aprovechamiento. Así, en realidad lo correcto es decir que el deterioro ambiental está directamente asociado al modelo de desarrollo industrial y al abandono en que se mantiene a las comunidades, legítimas dueñas de los recursos naturales del país.

b) El desarrollo turístico y el medio ambiente. Greenpeace percibe que hay una intención de continuar promoviendo los megadesarrollos turísticos sin tomar en cuenta el estado de los recursos naturales, en particular la protección de los manglares y el beneficio de las comunidades que viven en las zonas costeras. Esto es un error estratégico, una visión de claro corto plazo y de privilegiar el interés privado más que público. Los desarrollos turísticos que actualmente se están promoviendo en la zona del Golfo de California, por poner un ejemplo, se acabarán el agua dulce de una región de por sí semidesértica, destruirán los manglares de la zona –fundamentales para no acabar con las pesquerías- y atraerán nueva población para la que no hay servicios, por mencionar sólo algunos impactos de largo plazo que ningún hotel, campo de golf o mall puede paliar.

“Es necesario que la protección del medio ambiente se vuelva un eje transversal de la política pública, necesidad que no se ve que vaya a satisfacerse con los nombramientos hechos hasta ahora. Llamamos al licenciado Felipe Calderón a trabajar para evitar el alarmante nivel de deterioro de nuestros ecosistemas, que, como hemos señalado anteriormente, equivale a 10 por ciento del PIB. No hay otra manera de hacerlo que apoyando a las comunidades, dándole mayor peso a la política ambiental, cumpliendo la ley y priorizando los intereses públicos en vez de los privados”, señaló Arendar.

Sobre la Semarnat

Sobre el secretario Juan Elvira, Greenpeace considera que habrá interlocución y diálogo con las organizaciones y da su voto de confianza para que este diálogo se transforme en voluntad política y medidas reales para detener el deterioro ambiental.

Sin embargo, sobre el programa Proárbol, que el funcionario ha señalado como su prioridad, Greenpeace advierte que éste puede encaminarse al fracaso –exactamente igual que la política forestal del sexenio que termina- si no corrige su enfoque. Es un acierto destinar más recursos para la conservación de los bosques a fin de contrarrestar los apoyos que promueven su conversión en potreros y tierras de cultivo, principal causa de la deforestación en México. Sin embargo, es un error destinar estos recursos a que los campesinos “reforesten” y siembren árboles en lugar de maíz o frijol.

Las campañas de reforestación han fracasado rotundamente: de los árboles que se siembran sobrevive la cuarta parte. México tiene todavía 56 millones de hectáreas de bosques (25 por ciento del territorio), por lo que enfocarse a “sembrar” no impide que los bosques que existen sigan desapareciendo ya que este programa no atacaría las razones de fondo de su deforestación. Por último, la gente que vive en los bosques necesita subsistir y mantener a sus familias así que en cuanto dejen de recibir los apoyos de Proarbol, volverán a talar para vender la madera y sembrar maíz y frijol para comer.

Greenpeace propone que a partir del presupuesto de 2007 se destinen 10 mil millones de pesos anuales a la conservación de los bosques (actualmente se destinan 2 mil millones), pero para promover el manejo forestal sustentable (MFS) de comunidades y ejidos que en conjunto poseen 80 por ciento de los recursos forestales del país. En las zonas donde las comunidades practican el MFS, la tasa de deforestación es menor a la de las áreas naturales protegidas y sus habitantes pueden vivir dignamente por lo que ellos son los principales interesados en conservar sus recursos. Sin embargo, solo 8.7 por ciento de los bosques y selvas de México se han incorporado a esta práctica por lo que el 65 por ciento no recibe ningún apoyo y es susceptible de ser talado y transformado en zonas agrícolas. Los bosques deben ser una prioridad sí, pero desde la perspectiva de conservar los que aún existen. En vez de Proárbol, lo que se necesita es reforzar los programas como Procymaf y Coinbio y aquellos que vayan encaminados a promover el MFS.
 

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