EL CASO DE LOS CAMPESINOS ECOLOGISTAS DE GUERRERO, RODOLFO MONTIEL Y TEODORO CABRERA, EN AUDIENCIA ANTE LA CIDH
10.30.06 - Leído 186 veces. Enviar esta notaRedacción Planeta Azul
Existe preocupación de Comisionados por la denegación de justicia en el caso
WASHINGTON D.C., Estados Unidos 30 de Octubre de 2006.- En el marco del 126 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se llevó a cabo una audiencia para tratar el caso de los campesinos ecologistas de Guerrero, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
En la sesión, los Comisionados decidieron resolver el fondo del caso en un informe posterior aunque manifestaron su preocupación por la denegación de justicia que prevalece en el caso.
El 2 de mayo de 1999, militares del 40º Batallón de Infantería del Ejército Mexicano irrumpieron en la comunidad de Pizotla, municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, disparando en contra de un grupo de integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), causando tanto la muerte de Salomé Sánchez Ortiz como las detenciones de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
En los días siguientes, ambos fueron sometidos a torturas y tratos crueles por parte de elementos del Ejército, siendo obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias por delitos que no cometieron.
Luego de 5 días de incomunicación, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal; en su contra se abrió un proceso judicial plagado de irregularidades en el que se dio validez a las confesiones obtenidas mediante tortura.
Al cabo del proceso, Montiel y Cabrera, fueron condenados a penas de prisión de 6 años ocho meses y 10 años, respectivamente.
Los recursos de impugnación presentados fueron infructuosos. En el proceso se hizo evidente que las acciones en su contra obedecían a la deliberada intención de inhibir sus actividades como miembros de la OCESP, en defensa de los bosques y los recursos naturales de Guerrero.
El caso fue denunciado públicamente y seguido muy de cerca por Planeta Azul y, tras un largo proceso de defensa y múltiples muestras de solidaridad por parte de organizaciones nacionales e internacionales, en noviembre del 2001 el presidente Vicente Fox ordenó la liberación Montiel y Cabrera por una vía administrativa: la sustitución de la pena privativa de libertad que les había sido impuesta.
Ello significó, sin embargo, que los campesinos ecologistas no fueran absueltos de los delitos que falsamente les imputaron y que no les fuera reparado integralmente el daño ocasionado; por el contrario, debieron dejar sus comunidades de origen por el recrudecimiento del clima de hostilidad.
El Estado, además, no reconoció públicamente su responsabilidad en los hechos ni adoptó medidas para solucionar las causas de fondo que dieron origen a los lamentables hechos que se denunciaron. Pese a la excarcelación, la demanda de justicia integral en el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera permanece vigente.
Ante el agotamiento de los recursos nacionales, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera junto con diversas organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Greenpeace, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando que el Estado mexicano había incurrido en violaciones a los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, al debido proceso legal, a la protección judicial y al deber del Estado de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
Estas alegaciones fueron las que se presentaron este día en audiencia ante la CIDH a fin de que ésta resuelva, a la brevedad, el fondo del caso.
Durante la audiencia, la representación del Estado mexicano insistió en la postura que ha sostenido en todo el proceso: descalificar a las víctimas negando su carácter de activistas ambientales, justificar la arbitraria detención en instalaciones militares y minimizar la problemática ambiental reduciéndola a un problema originado por conflictos de tierra en la zona, negando sin -mayor sustento- la responsabilidad estatal en los hechos.
Ahí presente, Rodolfo Montiel, rebatió esa aseveración al dar su testimonio; explicó su largo compromiso con la defensa de los bosques y relató los hechos relacionados con su detención y tortura, así como las consecuencias que esto acarreó en su vida y que se prolongan hasta el día de hoy.
Escuchados su testimonio y los argumentos de los peticionarios, los Comisionados de la CIDH manifestaron su preocupación en cuanto a la competencia que ilegalmente ejerció la Procuraduría Militar para investigar el asunto, puesto que a su parecer es obvio que no garantiza condiciones de imparcialidad en la investigación.
Por la etapa procesal en que se encuentra el caso, los Comisionados se reservaron fijar postura hasta la emisión del informe correspondiente, como lo establece el articulo 50 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La relevancia de la audiencia del caso Montiel y Cabrera es patente si se considera que el hostigamiento y la represión en contra de los ecologistas de Guerrero no ha cesado; así lo demuestran tanto el ilegal proceso seguido en contra de Felipe Arreaga, entre 2004 y 2005, como la agresión sufrida por Albertano Peñaloza, también en 2005, en la que fueron asesinados dos de sus hijos.
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