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CAMBIO CLIMÁTICO, REDD+ Y SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTALES

José Iván Zúñiga Pérez Tejada*

El cambio climático es actualmente una prioridad a nivel global por sus consecuencias directas sobre la humanidad y los ecosistemas. No solo es uno de los principales factores que están acelerando la pérdida de biodiversidad, sino que provoca riesgos directos en aspectos tan delicados como la conservación de los recursos genéticos que son la base de la agricultura y la seguridad alimentaria, por mencionar solo algunas de sus consecuencias.

Los ecosistemas forestales tienen un papel fundamental en la solución del cambio climático ya que juegan un doble papel: como emisores, al liberar el carbono almacenado en la biomasa cuando son removidos, y como sumideros de carbono, cuando crecen y son manejados de forma sustentable para que incrementen su capacidad de absorción de carbono y ayuden a la resiliencia de los ecosistemas y su biodiversidad.

Como la pérdida de cobertura forestal en el planeta es responsable de una sexta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, detener esta pérdida reduciría las emisiones provenientes de los bosques y selvas y tendría impactos positivos por una mayor absorción de emisiones de otros sectores y mejoras en las condiciones de adaptación a nivel local. Más del 70 por ciento de las metas nacionales de reducción de emisiones de los países firmantes del Acuerdo de París están relacionadas con acciones de conservación, manejo sustentable y restauración de bosques y selvas.

Las “contribuciones nacionalmente determinadas” comprometidas por México en el Acuerdo de París consideran que el sector de usos del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura es prioritario en el cumplimiento de las metas de mitigación.

Si bien los cálculos no incluyen las emisiones y absorciones en los terrenos forestales, pastizales y tierras de cultivo permanentes, se espera que aporte un 22 por ciento del total de las reducciones de emisiones comprometidas al 2030: 46 megatoneladas de CO2 equivalente. Tan solo detrás de las reducciones en los sectores de generación de electricidad (30 por ciento, 63 megatoneladas de CO2e) y transporte (23 por ciento, 48 megatoneladas de CO2e).

Para conseguir la disminución de emisiones en este sector, el gobierno mexicano promete alcanzar una tasa cero de deforestación en el 2030, mejorar el manejo sustentable de los bosques y selvas, recuperar pastizales e impulsar mejoras que favorezcan la sustentabilidad de las actividades agropecuarias.

En materia de adaptación, las metas nacionales contemplan incrementar la resiliencia de los ecosistemas a través de la reforestación de cuencas con especies nativas, incrementar la conectividad ecológica con acciones de conservación y restauración; incrementar la conservación de ecosistemas costeros y sinergias de acciones para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal evitada (REDD+).

La importancia de la conservación, restauración y manejo sustentable de los ecosistemas forestales en el combate y adaptación al cambio climático hizo que desde finales de la década pasada el sector forestal haya cobrado relevancia renovada. Al respecto, se estableció la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+), recién presentada ante el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF: Forest Carbon Partnership Facility) del Banco Mundial, para una primera venta de emisiones evitadas por un monto aproximado de 65 millones de dólares que podrían financiar acciones en los estados de Jalisco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Como casi siempre sucede, el proceso de diseño y negociación de la ENAREDD+ ha tenido luces y sombras. Existen tensiones entre las organizaciones sociales que representan a propietarios forestales (principalmente comunidades y ejidos), organizaciones civiles involucradas en la conservación de la biodiversidad y el manejo forestal sustentable, gobiernos estatales y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para definir un mecanismo adecuado para captar recursos internacionales que ayuden al cumplimiento de las metas nacionales en la materia, respetando los derechos de los propietarios forestales a decidir sobre sus territorios y sus recursos forestales.

Un aspecto fundamental en este proceso ha sido la indefinición en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable de la propiedad de las emisiones evitadas, fruto de acciones que reduzcan la deforestación y la degradación de los bosques. Esa indefinición impide saber con certeza jurídica a quién corresponde el derecho a decidir qué hacer con los recursos recibidos de fondos internacionales.

Al margen de esta discusión, el mecanismo propuesto por la Conafor al Fondo Cooperativo para la primera venta de emisiones evitadas, podría ayudar a que realmente se cumplan las metas climáticas comprometidas por México ante la comunidad internacional en términos de mitigación de emisiones. Sin embargo, aún queda mucho camino por andar y no queda claro si la implementación de las acciones cumplirá con todos los criterios sociales, ambientales y técnicos que se requieren.

En una revisión hecha por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible en 2015 de los Programas Especiales en Áreas de Acción Temprana REDD+ implementados por la Conafor en los mismos estados donde se esperan implementar los recursos del FCPF se encontró que, a pesar de las innovaciones en términos de política pública y avances en la promoción de esquemas productivos sustentables vinculados a los territorios forestales (que podrían haber logrado disminuir la deforestación), seguían pendientes mejoras para asegurar una coordinación efectiva entre instituciones y el empoderamiento de comunidades y ejidos. Ello, con el propósito de fortalecer el manejo sustentable de los recursos forestales, favorecer la conservación de los bosques y mejorar los mecanismos locales de organización social que ayuden a disminuir el cambio de uso de suelo.

La implementación de REDD+ en México, como en muchos otros países, significa una oportunidad de contar con financiamiento adicional para detener procesos de cambio de uso de suelo, deforestación y degradación de los ecosistemas en regiones remotas donde habitan comunidades indígenas y poblaciones en altas condiciones de marginación. Sin embargo, implica también riesgos de que el financiamiento no sea utilizado eficazmente, sea acaparado por intermediarios dentro o fuera de esas regiones, desplacen a los habitantes originales a través de compras de tierras. Incluso busquen cambiar las formas de vida de las comunidades locales para cumplir con los compromisos nacionales.

Para lograr que el financiamiento y las acciones REDD+ cumplan con su objetivo de mitigación y adaptación al cambio climático, la primera condición debe ser el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos de las comunidades, promoviendo mejoras de las estructuras locales de gobierno para favorecer la correcta gestión tanto de los territorios como del financiamiento recibido, respetando las formas de vida tradicional y las decisiones de quienes han conservado hasta ahora sus recursos forestales.

Pero, además, se requiere garantizar una distribución equitativa de beneficios entre propietarios y titulares de derechos para favorecer mejoras en el bienestar de las personas que viven en las regiones forestales, impulsar el ordenamiento del territorio para asegurar su integridad ecológica y la conservación de su biodiversidad en el largo plazo; mejorar la aplicación del marco legal en los territorios para eliminar las actividades y los cambios de uso de suelo ilegales, y contar con un Sistema Nacional de Salvaguardas que mantenga un monitoreo y evaluación permanentes de los resultados de las acciones REDD+.

Al respecto, la Conafor dio los primeros pasos para crear un sistema nacional de salvaguardas para monitorear el cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales reconocidas en el marco legal mexicano y los Acuerdos de Cancún firmados en 2010 bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Además, un sistema de información de salvaguardas a fin de asegurar el respeto de los derechos y la participación plena y efectiva de las comunidades rurales y pueblos y comunidades indígenas, la conservación de la biodiversidad y la permanencia del carbono en ecosistemas forestales.

Es importante reconocer que el país ha dado pasos en la dirección correcta para combatir el cambio climático a través de todo un marco institucional, legal y programático que promueve los cambios necesarios para conservar, manejar y restaurar los ecosistemas forestales y su biodiversidad.

También es necesario dejar claro que las políticas pueden construirse de una mejor forma, con mayor participación de los propietarios de los recursos forestales para garantizar el respeto a sus decisiones y formas de vida, con mayor transparencia y rendición de cuentas. Una manera de evitar actos de corrupción que diariamente están detrás de cambios de uso de suelo y actividades ilícitas que degradan los bosques y selvas. Y con un marco institucional que ayude a fortalecer la eficacia de las acciones gubernamentales con el apoyo y participación de los diferentes actores sociales.

El combate al cambio climático debe ser una oportunidad más para eliminar la raíz de los problemas que enfrentamos como sociedad y no solo un problema técnico más a resolver para mantener un sistema político-económico que no permite el desarrollo sostenible y equitativo del país.

*Coordinador de Política Pública,Política y Legislación Ambiental, AC
Correo-e: Izuniga3000@gmail.com

(La Jornada ecológica)

Publicado por en julio 4 2017. Archivado bajo Observatorio Ambiental. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

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