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EL CARBÓN DE TRUMP

Opinión de Fernando Tudela

En una ceremonia celebrada el pasado 28 de marzo en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos, el Presidente Donald Trump presentó y firmó una Orden Ejecutiva relativa a la utilización del carbón y a otros aspectos de la política energética del país. Entre los asistentes figuraban el señor Scott Pruitt, ex litigante contra la EPA y notorio negacionista del cambio climático, recién nombrado Administrador de esta Agencia, así como trece mineros del carbón, invitados para la ocasión. La nueva disposición, entre otras cosas, conmina a las agencias federales a “identificar todas las regulaciones, todas las reglas, todas las políticas públicas” …”que sirvan de obstáculos e impedimentos para la independencia energética de América”, y deja sin efecto la moratoria establecida por el Presidente Obama en enero de 2016 para nuevas concesiones mineras carboníferas en terrenos de propiedad federal. D. Trump proclamó: “Mi Administración está poniendo fin a la guerra contra el carbón” y, enfatizando la generación de empleos, agregó: “Los mineros del carbón están de vuelta”.

La historia del empleo en la minería del carbón en los Estados Unidos es bastante significativa: alcanzó más de 700 mil empleos en la década 1910-1920 y sufrió después un desplome hasta mediados de la década de los sesenta, reduciéndose para entonces a 144 mil, menos de la quinta parte de la cifra de 1920. Este empleo aumentó ligeramente entre 1970 y 1980, para volverse a desplomar en años sucesivos. La mayor pérdida reciente del empleo en la minería del carbón tuvo lugar durante la Administración del presidente Ronald Reagan, proveniente de las filas republicanas. En 2015 se contabilizaban tan sólo unos 65 mil mineros.

Esta dinámica se explica no tanto por restricciones derivadas de la fuerte contaminación asociada a la quema de carbón, y de su impacto en la opinión pública, sino también por factores como la tecnificación y el incremento de la productividad, que pasó de menos de
1 t / año por minero hasta mediados del siglo XX a 15 t / año en el año 2000, la dificultad de encontrar yacimientos productivos fáciles de explotar, y sobre todo, por la caída de la demanda como consecuencia de la creciente competencia de combustibles fósiles más limpios, como el gas natural, recientemente extraído con éxito mediante técnicas de fracking.  De las cuatro mayores compañías mineras carboníferas del país, tres se declararon en bancarrota en 2015-16.

En los Estados Unidos, el carbón se utiliza casi exclusivamente para la producción de electricidad: hacia 2005, la mitad de la energía eléctrica consumida provenía todavía de carboeléctricas. La situación ha cambiado en los últimos años: en 2016, en la producción de electricidad, el gas natural (34%) rebasó al carbón (30%), mientras las nucleoeléctricas se mantenían (19%) y las renovables reflejaban un despegue lento pero sostenido (15%).

Sobre todo a partir de 1999 y con base en la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act), la EPA había redoblado esfuerzos regulatorios en relación con el desempeño ambiental de las carboeléctricas. Estos esfuerzos, que se centraron inicialmente en los contaminantes criterio, con incidencia directa en la salud pública, se aplicaron también más recientemente al control de los gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. A raíz de un litigio iniciado por once Estados (California entre ellos), varias grandes ciudades y un nutrido grupo de ONGs, la Suprema Corte de Justicia reconoció en 2007 que el bióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero eran “contaminantes” para los cuales resultaban de aplicación las disposiciones de la Ley de Aire Limpio, y que por consiguiente la EPA tenía autoridad para regularlos. Tras intensos litigios legales posteriores en sentido contrario, la Suprema Corte reafirmó en 2012 la competencia de la EPA en relación con las emisiones causantes del cambio climático. Sobre esta base, en agosto de 2015, la Administración de Obama promulgó el Plan de Energía Limpia (Clean Power Plan), que por primera vez restringía las emisiones de carbono de las carboeléctricas. Los Estados Unidos pudieron así, con legitimidad, participar activamente en la histórica Conferencia de las Partes 21, celebrada en París en diciembre de 2015, en la que contribuyeron a la adopción, por consenso de 195 países, del Acuerdo de París. La antes mencionada Orden Ejecutiva del Presidente Trump inicia ahora el desmantelamiento del Clean Power Plan.

Como suele suceder cuando una determinación ideológica se enfrenta a la realidad, no hay posibilidad de que esta nueva Orden Ejecutiva altere de manera significativa las tendencias actuales: las carboeléctricas, con o incluso sin el Clean Power Plan, han perdido definitivamente la batalla de la competitividad frente a opciones más limpias y más eficientes de producción de electricidad. Las empresas productoras no van a estar dispuestas a perder dinero para ayudar a reconstruir por decreto la grandeza carbonífera de la segunda o tercera décadas del siglo pasado.

Empiezan a surgir voces disidentes entre los propios mineros del carbón, mayoritariamente votantes de Donald J. Trump, que desean empleo, pero con futuro y sin riesgos para su propia salud. La incidencia del “pulmón negro” (pneumoconiosis) ha venido reduciéndose históricamente, pero todavía afecta en promedio a poco más del 3% de los trabajadores en minas subterráneas de carbón. Los mineros discapacitados por esta razón, condenados a una lenta muerte por asfixia, así como sus dependientes directos, cuentan con un beneficio específico en el marco de la Ley de Salud Costeable (“Obamacare”) y se inquietan con razón por su eventual desaparición. Otras antiguas familias mineras mudaron ya de sector productivo, empleándose por ejemplo en el sector turístico en Wyoming, y se preocupan por una hipotética expansión de la explotación carbonífera a cielo abierto, bastante extendida ya en ese Estado, que representa una abierta amenaza para sus nuevos empleos.

Por unidad de energía, la explotación de fuentes renovables de energía genera ahora muchos más empleos que la que se centra en combustibles fósiles. Desde 2008, el empleo en el subsector eólico (unos 85 mil trabajadores) es ya mayor que en toda la minería del carbón. Afectar el crecimiento de la energía eólica y fotovoltaica, por no valorar por ejemplo sus ventajas ambientales, pondría en riesgo un número de empleos mucho mayor que los que generaría una hipotética expansión del carbón.

Un nuevo impulso al carbón en los Estados Unidos comprometería el cumplimiento de sus compromisos en el marco del Acuerdo de París, y representaría un notable retroceso para el régimen climático multilateral. Por intensidad de emisiones, las carboeléctricas emiten más del doble de gases de efecto invernadero que las centrales de ciclo combinado, que operan con gas natural. Aplicada a las centrales de carbón, la tecnología de “secuestro y almacenamiento de carbono” podría en teoría compensar este exceso de emisiones, pero resulta ahora incosteable y su seguridad futura es objeto de fuertes controversias. Pero si, como postulamos aquí, ese nuevo impulso al carbón es más que improbable, por razones sobre todo económicas, ¿por qué preocuparse?

En realidad, la preocupación que suscita la nueva Orden Ejecutiva del Presidente Trump, dentro y fuera de los Estados Unidos, no deriva tanto de una posible expansión en el uso del carbón, sino de lo que se anticipa como regresión sin precedente en el conjunto de políticas ambientales y de contención del cambio climático y sus efectos. El proyecto de presupuesto que la actual Administración someterá a la atención del Congreso identifica a la EPA como la agencia que sufriría la mayor reducción presupuestal, con una rebaja de algo más del 30% y la eliminación de unos 3,200 empleos. Lo que está en juego no es el futuro del carbón, que de cualquier forma es bastante negro, sino el de los instrumentos legales o institucionales, nacionales e internacionales, que tanto trabajo ha costado concretar para impulsar el desarrollo sustentable en el mundo.

(La Crónica de hoy)

Publicado por en mayo 25 2017. Archivado bajo Observatorio Ambiental. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Los comentarios y pings están cerrados por el momento.

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