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CONSTITUCIÓN, ESCENARIO URBANO Y AMBIENTAL PARA LA CDMX (1)

Opinión de Gabriel Quadri

Es verdad que la Constitución CDMX representa en buena parte un documento de aspiraciones (derechos) muchas de ellas curiosas o insólitas, salpicado de retórica y teñido de ideología. También, que consagra una delirante regresión política y cultural al crear autonomías indias y de linaje que podrán significar el desmembramiento territorial y funcional de la ciudad. Pero igualmente es verdad que se logró moderar o eliminar numerosas disposiciones extremas, e introducir muchas otras de gran relevancia para la CDMX. En especial, vale la pena repasar ahora las más significativas en materia ambiental y urbana.

Se asumen como principios generales la protección del ambiente, la sustentabilidad y eficiencia territorial de la ciudad, así como la gestión de sus bienes públicos, equipamientos, servicios e infraestructuras con objetivos de competitividad, productividad y prosperidad. Cabe destacar, por otro lado, la eliminación de privilegios a la informalidad y al ambulantaje, y la creación de Zonas Especiales de Comercio y Cultura Popular. Estas pretenden resolver los problemas que representa el comercio ambulante, restringiéndolo a espacios territoriales definidos, y bajo regulación urbana, de espacio público, fiscal, salud, y seguridad social.

En la planeación del desarrollo (a cargo del meritorio y nuevo Instituto de Planeación), se contempla la transición energética, así como una baja huella ecológica en términos de Gases de Efecto Invernadero. Además, una estructura urbana eficiente, compacta, diversa y vertical, ambientalmente sustentable, con espacios y servicios públicos de calidad para todos, y, una configuración modal del transporte orientada hacia la movilidad colectiva y no motorizada.

Quedaron asentados la complejidad y desafíos hidrológicos, fisiográficos y ecológicos de la ciudad como premisa del Ordenamiento Territorial. Se creó el Sistema de Áreas Naturales Protegidas precisando todas las zonas naturales emblemáticas de la Ciudad, a cargo directo del Jefe de Gobierno. Se fincaron objetivos tangibles de política ambiental en todos los temas relevantes para la ciudad, en particular, se determinaron los alcances de las políticas de gestión de residuos, aunque no fue posible sustraerlas totalmente del monopolio sindical y de gobierno. Se detallan los lineamientos de la política hídrica, algo crucial para esta ciudad, dejándose rendijas para la participación privada, dado un organismo público a cargo, con personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión, y patrimonio propio, que no podrá ser privatizado.

El Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial clasificarán al suelo como urbano, rural y de conservación, y determinarán estrictamente las áreas no urbanizables a través de un límite físico definitivo en torno a la mancha urbana y a los poblados rurales. Se prevén instrumentos para el suelo de conservación (Pago por Servicios Ambientales), así como la obligación para los desarrollos inmobiliarios de contribuir a mitigar impactos urbanos, ambientales y sociales, y a mejorar la infraestructura, equipamiento y espacio público en sus zonas de influencia. Se contempla también la densificación en el uso del suelo urbano en planes y programas correspondientes, y la utilización para ello de predios baldíos. Se considera de interés público el reciclaje de inmuebles en abandono o extrema degradación para el desarrollo de vivienda.

Desgraciadamente no fue posible excluir totalmente al Congreso en los cambios de uso del suelo, lo que seguirá promoviendo responsabilidades difusas y corrupción; participará en casos de “alto impacto”. Un despropósito mayor, que no pudo impedirse, es la entronización del síndrome NIMBY (Not in my Backyard) a través de consultas vecinales vinculantes, que amenazan paralizar a la ciudad en feudos parroquiales. Recordemos que la suma de intereses de vecinos o grupos no necesariamente equivale al interés colectivo en la ciudad. En la entrega siguiente continuará la descripción del nuevo escenario urbano y ambiental, que se consiguió en la Constitución CDMX.

(El Economista)

Publicado por en febrero 17 2017. Archivado bajo Observatorio Ambiental. Puedes seguir las respuestas de esta entrada por el RSS 2.0. Puedes ir al final y dejar una respuesta. Pinging no esta permitido

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